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Ene 29, 2014
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El Gobierno de Canarias coordina medidas con las administraciones de Fuerteventura para hacer frente a la reforma estatal

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El Gobierno de Canarias prepara un nuevo paquete de medias con el que hacer frente en el ámbito autonómico e insular ante los efectos negativos de la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno de España publicó en el BOE del pasado 30 de diciembre. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola; y el director del Instituto Canario de Administraciones Públicas, Luis Alba, se reunieron esta mañana con representantes de los ayuntamientos y del Cabildo de Fuerteventura para exponer estos trabajos y coordinar las demandas de las corporaciones locales en este marco.

Previamente, y junto al alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales; el vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta; y el presidente, Mario Cabrera, también estuvieron valorando posibles emplazamientos para la ubicación de un nuevo edificio de servicios judiciales que permita unificar todas las dependencias que ahora mismo están dispersas por el casco urbano. Para ello se cuenta con dos posibles ubicaciones que próximamente se concretarán, “y además el Cabildo ha ofrecido al Gobierno de Canarias instalaciones en Gran Tarajal para poder abrir en la localidad también servicios judiciales para la zona centro-sur de Fuerteventura”, adelantó el presidente del Cabildo”.

Ley de Racionalización

Hernández Spínola detalló que ante la entrada en vigor de la normativa estatal que afecta a las administraciones locales, el Gobierno plantea un plan de trabajo que incluye tres líneas de actuación. Por un lado, una Ley de Cabildos; por el otro la Ley del Sector Público canario; y, finalmente, la Ley de Transparencia Administrativa, “Es una reforma ambiciosa, que nunca antes se ha abordado y que marcará una impronta en la administración pública canaria acercándola al ciudadano, ganado en eficacia y transparencia”, detalló el consejero.

Los representantes del Gobierno de Canarias analizaron junto al Cabildo y los ayuntamientos las dificultades que al funcionamiento normal de las corporaciones y a su prestación de servicios está generando esta nueva Ley de Racionalización. En opinión del consejero regional “es un auténtico atentado a la autonomía municipal. La hemos denunciado ya en el Senado, sin que nos hicieran caso. Y ahora, ya aprobada, desde nuestro punto de vista confirma su carácter inconstitucional y perjudicial para los ciudadanos”.

Puso como ejemplo de estas taras de la nueva ordenación la prestación de Servicios Sociales, “que obliga a que los Servicios Sociales sean asumidos por las Comunidades Autónomas. Nosotros entendemos que debe priorizarse el principio de proximidad. Por eso, antes de que se aplique lo concerniente a Servicios Sociales en diciembre de 2015, confiamos en que el Parlamento Canario haya aprobado una nueva modificación autonómica que garantice que estos servicios pueda seguir siendo prestados por los ayuntamientos”.

n relación con los problemas que está generando la norma estatal a los ayuntamientos, el alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, señaló que “ahora mismo, si no estuviéramos en estabilidad presupuestaria, tendríamos que haber suspendido, por ejemplo, el servicio municipal de guaguas, porque es claramente deficitario. Lo mantenemos, sin embargo, porque consideramos que es muy necesario”.

Instalaciones judiciales

Durante las reuniones de esta mañana también se evaluaron las posibilidades para centralizar todas las instalaciones dispersas de Justicia en Puerto del Rosario en un único edificio, que o bien se ubicaría en un solar junto a la Avenida Juan de Bethencourt, cedido por el Cabildo; o bien en un solar habilitado dentro de las instalaciones militares de Puerto del Rosario, que el Ayuntamiento también está gestionando con Defensa, pendiente de una reunión que se celebrará la próxima semana.

Marcial Morales apuntó que “cualquiera de la dos ubicaciones es buena, porque en un caso está junto a otras instancias administrativas, y en el otro en el mismo centro urbano, pero en un área de expansión”.

“Desde que el solar esté a disposición en coordinación con el Ayuntamiento y el Cabildo, encargaremos el proyecto técnico del edificio, de manera que permita unificar todos los servicios que ahora mismo están dispersos por distintos emplazamientos en la ciudad”, adelantó Hernández Spínola.

Gran Tarajal

El Cabildo de Fuerteventura también ha puesto a disposición de Justicia un emplazamiento para instalaciones judiciales en Gran Tarajal, “de forma que permitan acercar la prestación de estos servicios a los ciudadanos y consolidar el carácter de servicios y administrativo de la localidad”, explicó el presidente del Cabildo, Mario Cabrera.

En esta línea, Hernández Spínola señaló que aunque la nueva ordenación judicial que tramita el Gobierno de España “es claramente restrictiva y hasta plantea eliminar partidos judiciales ya creados, sí que disponer de estas instalaciones podría permitir trasladar servicios y gestiones judiciales que actualmente sólo se prestan en Puerto del Rosario, hasta Gran Tarajal, para acercarlos a los vecinos, y por lo tanto será de mucha utilidad para la estructura judicial”.

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Fuerteventura
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