Mar 27, 2013
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Gobierno de Canarias interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos del Estado

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El Gobierno de Canarias ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, al entender que vulnera el ámbito de la Comunidad Autónoma en materia de inversión.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha dicho que los Presupuestos del Estado incumplen la consideración de Canarias como región ultraperiférica y el REF, en tanto en cuanto no se mantienen las inversiones estatales en las islas al menos en el promedio del conjunto de las comunidades autónomas.

Igualmente, añadió que la Ley de Presupuestos no cumple con Canarias en materia de gastos de funcionamiento, al quitar recursos asignados al Fondo de Suficiencia sin cobertura legal.

Martín Marrero ha querido recordar que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas distingue a Canarias como sujeto perceptor de fondos de compensación por su consideración de región ultraperiférica, tal y como recoge el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Este concepto, agregó el portavoz, supone cada año un 4,02% del importe del fondo general para compensar la peor condición relativa de Canarias y sus costes de ultraperiferia adicionales.

Según el Gobierno de Canarias, este precepto se incumple en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que contempla las dotaciones de los fondos de compensación interterritorial sin incluir la asignación adicional por el concepto de región ultraperiférica prevista en la Ley de Financiación.

Por otro lado, Martín Marrero ha señalado que en los Presupuestos del año 2013 la inversión y las transferencias de capital que tiene que realizar el Estado alcanzaron una media por habitante a una distancia “importante” de la inversión media per cápita, un fenómeno que “no sólo aleja a Canarias de la media estatal, sino que la sitúa a la cola de la inversión publica”.

Esta circunstancia, en opinión del Ejecutivo canario, supone un incumplimiento “frontal” de lo dispuesto en la ley que regula los aspectos fiscales del REF, en tanto en cuanto vulnera el Estatuto de Autonomía que consagra el REF en el marco del principio de solidaridad del artículo 138 de la Constitución que obliga al Estado.

Igualmente, entiende que se vulnera el REF por la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012, que regula las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Marrero aclaró en este sentido que la disposición atribuye a la ministra de Fomento la facultad de establecer mediante orden ministerial cuantías máximas bonificables por cada trayecto, de forma que la parte de la tarifa que supere dichas cuantías máximas no será objeto de bonificación.

Según el portavoz, “esta norma es contraria al principio de continuidad territorial que se deduce de la regulación del REF, pues la garantía ha sido incumplida por la omisión del trámite de informe del Parlamento de Canarias”.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Por último, el Gobierno de Canarias considera que la Ley de Presupuestos también lesiona el ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento por mantener la detracción de recursos asignados al Fondo de Suficiencia en concepto de compensación al Estado por la pérdida de recaudación correspondiente al Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, suprimido al establecerse el IGIC.

Esta compensación, indicó Marrero, no tiene cobertura legal y vulnera el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que entró en vigor desde el 1 de enero de 2002.

El portavoz del Ejecutivo ha insistido en que el recurso entra dentro de los plazos previstos y está amparado en un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Además, ha dicho que se utilizan los “mismos argumentos” planteados para el recurso de inconstitucionalidad del año pasado, con la “novedad” del establecimiento de una tarifa máxima bonificable para los trayectos aéreos y marítimos.

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Canarias

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