Dic 7, 2012
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Las obras de autovías en Fuerteventura tendrán continuidad en 2013

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Las obras de carretera de Fuerteventura contarán en 2013 con más de 18 millones de euros para su desarrollo. Así lo confirmó en la mañana de hoy viernes 7 de diciembre el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, al presidente del Cabildo, Mario Cabrera, y su vicepresidente, Blas Acosta, y a la consejera del área en la institución insular, Edilia Pérez .

Berriel señaló en el encuentro que a la dotación presupuestaria en los presupuestos de 2013 para las dos vías que construye el departamento que dirige en la Isla hay que sumar los anticipos que han recibido las empresas constructoras para actuaciones como el acopio de maquinaria y material y que se amortizarán el próximo ejercicio.

Así, el equipo del consejero autonómico explicó a las autoridades insulares que la carretera entre La Caldereta y Corralejo ya se encuentra ejecutada en un 73 por ciento y que se dará continuidad a las obras con la amortización de 7 millones de euros recibidos en anticipos, que se añadirán a los 110.000 euros consignados en las cuentas autonómicas para 2013.

En el sur de la isla, los trabajos se centran en estos momentos en el asfaltado de la vía de servicio en el tramo entre La Lajita y Costa Calma. Una vez finalizado, se procederá a abrirla al tráfico rodado, para poder acometer la construcción del tronco principal. Esta obra, ejecutada en un 26,4 por ciento y para la que el Gobierno de Canarias ha conseguido la asignación de fondos FEDER, dispone de una asignación presupuestaria de 3,5 millones para 2013, a los que hay que añadir casi 7,3 millones de anticipos.

Mario Cabrera, que junto a Blas Acosta y Edilia Pérez trasladó a los responsables del Gobierno regional la preocupación existente en la Isla en torno a la continuidad de las obras del eje norte sur, manifestó que “desde el Cabildo hemos pedido que continúe la ejecución de las autovías a buen ritmo y en el menor tiempo posible”. El presidente consideró que “la garantía de que va a haber financiación es, en cualquier caso, positiva”, pues dijo “entender las dificultades que ha supuesto para todos los recortes que ha impuesto el Gobierno español en materia de infraestructuras”.

En este sentido, el consejero autonómico destacó la necesidad de acudir a mecanismos de financiación alternativos, como los fondos europeos, ante el recorte de la partida presupuestaria del Estado en 2012 y la prevista para 2013, que suponen una merma en la dotación para las carreteras canarias de 291 millones de euros en sólo dos ejercicios.

Berriel detalló que, de los 207 millones de euros previstos en 2012, sólo se recibieron 68,45 y que para 2013, año para el que estaban programados otros 207 millones, los Presupuestos Generales del Estado fijan una partida de poco más de 54 millones de euros.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ya ha iniciado los trámites para acudir a la vía contencioso-administrativa contra el Estado, al entender que no tiene sentido un recorte tan drástico, impuesto de forma sorpresiva y unilateral, cuando en 2012 el presupuesto para del Estado para el área de carreteras aumentó un 24 por ciento y en 2013 se incrementa la dotación para otros medios de transporte, inexistentes en Canarias, como son los trenes de alta velocidad.

En el escenario actual, Berriel explicó a las autoridades insulares que el Gobierno de Canarias ha hecho un “importante esfuerzo presupuestario” para lograr una financiación alternativa, que permita mantener en la medida de lo posible el desarrollo de la red viaria de las islas, que genera unos 4.400 empleos directos y 12.000 indirectos.

Aun así, resulta “extremadamente complicado” mantener el ritmo de construcción en todas las obras, por lo que se han establecido criterios objetivos para distribuir los escasos recursos disponibles. En primer lugar, se han primado las obras que solventarán problemas de seguridad y, además, se evitará la paralización de estructuras singulares que pudieran afectar a su estabilidad, durabilidad y que pudieran suponer sobrecostes importantes en su reinicio. Una vez solventados estos dos extremos, los siguientes criterios son el interés general de la puesta en servicio, dado su avanzado estado de ejecución y la equitativa distribución territorial de las inversiones.

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