Mar 30, 2011
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Existía una organización al servicio de Roca

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Uno de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), especializado en blanqueo de capitales, ha ratificado este miércoles las acusaciones que sostiene el fiscal Anticorrupción respecto a la existencia de una organización puesta al servicio del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca.

El agente, responsable en Madrid de uno de los grupos de dicha unidad cuando comenzó la investigación, ha seguido su declaración como testigo en el juicio del caso ‘Malaya’ y ha ratificado los informes elaborados por él en el transcurso del procedimiento. No obstante, el interrogatorio continuará el próximo lunes con las preguntas de las distintas defensas.

A los criterios de permanencia en el tiempo, finalidad delictiva y existencia de una jerarquía interna que, según la acusación pública, se dan en este caso y justificarían la afirmación de la existencia de una “organización criminal”, el testigo ha añadido otros dos, como son “la distribución de tareas y la pluralidad de personas”. Asimismo, se ha referido a los distintos acusados.

En el caso del gabinete jurídico, ha señalado que desde el punto de vista policial, se encarga de “organizar una estructura societaria bastante compleja que ha ido evolucionando en el tiempo, con las participaciones suscritas por los letrados que forman el bufete”, destacando que “en ningún caso ha figurado Juan Antonio Roca de una manera formal como su titular final”.

Ha asegurado que se utiliza la fiducia, “que dirigía o gobernaba el gabinete, en concreto, parece ser que Manuel Sánchez Zubizarreta”, así como la interposición de personas como socios o administradores de las sociedades, y ha recordado que, incluso, en 2005, “cuando se reorganiza la estructura, Roca no aparece, figuran sus hijos como partícipes de cuatro sociedades”.

“Si alguien hubiera querido conocer cuál era el patrimonio de Roca no hubiera sido capaz, hubiera tenido que hacer una investigación de carácter económico como la que se ha hecho en este procedimiento”, ha indicado el investigador, quien ha apuntado que cuando se registró el despacho “los pasillos estaban llenos de legajos” con asuntos penales relacionados con el principal acusado.

El agente ha indicado que el patrimonio de origen de Roca del que tenían conocimiento “no nos consta que se haya aplicado al desarrollo posterior en el incremento patrimonial”, ratificando las manifestaciones del fiscal sobre “una ocultación” real de este patrimonio que, durante al menos unos años, se nutre “de fuentes de ingresos por parte de empresario”, que tienen intereses urbanísticos en el municipio.

“Los mecanismos de ocultación obedecen tanto a la reiterada incriminación de Roca en procedimientos judiciales desde hace años como a los comportamientos ilícitos de los que en el seno de este caso hemos tratado de aportar indicios”, ha apuntado el investigador, quien ha respondido afirmativamente a la manifestación del letrado del Ayuntamiento sobre si bienes municipales han acabado “bajo el dominio” de éste.

Ha apuntado que no le consta ni que el patrimonio de la sociedad Marbella Inversiones, propiedad de Roca, sea el que dijo éste en su declaración en el juicio ni que estas propiedades se hayan liquidado ni que se hayan transmitido, incluso, ha añadido, “algunas no me constan que se hayan adquirido”.

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

Respecto a las escuchas telefónicas, a preguntas de la acusación pública, ha asegurado que tuvieron “muchos problemas” en la intervención de uno de los teléfonos del acusado Óscar Benavente “porque no éramos capaces de conocer su contenido e, incluso, estuvieron trabajando ingenieros para intentar desencriptarlo y fue imposible”.

La defensa de Roca ha continuado preguntando por las escuchas, en concreto por los mandamientos judiciales enviados a las compañías para intervenir los teléfonos. La letrada Rocío Amigo ha cuestionado un oficio que, ha dicho, se remitió a una empresa concreta, respondiendo otra distinta, y el cumplimiento de las fechas de cese de las intervenciones.

Al respecto, el testigo ha asegurado en varias ocasiones que “en ningún caso, que yo conozca, se han efectuado observaciones telefónicas sin autorización judicial” y ha apuntado que “quizá sea un error de pie de página”, añadiendo que él realizaba su trabajo en Madrid y esos mandamientos fueron de la Udyco Costa del Sol y no de su unidad.

Respecto al cese de una de las intervenciones, la abogada ha preguntado por qué se fija en febrero y en otro folio del sumario aparecen transcripciones de grabaciones de ese teléfono de marzo, a lo que el investigador ha indicado que “puede ser un error” al transcribirlo al papel, insistiendo en que “no me consta que la Policía haga intervenciones ilegales en este caso”.

Ha explicado que, “normalmente, cuando la compañía no tiene el mandamiento de prórroga, cesa directamente la observación telefónica y también puede ser un error de la compañía”, indicando que no recuerda si tenían el auto del juzgado ordenando el cese. En este punto, el fiscal ha apuntado que uno de los agentes que ha realizado la mayoría de las solicitudes está citado para declarar como testigo.

Asimismo, la letrada ha cuestionado sobre si se le pidió permiso a su defendido, ya en prisión en ese momento, para realizar el registro en su trastero y el investigador ha indicado: “pregúnteselo al juez instructor que estaba en el registro”, añadiendo, tras intervenir el fiscal, que ha puntualizado que no era necesaria esta presencia, que no recuerda si se avisó al letrado defensor.

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