Mar 15, 2011
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63 familias residentes en viviendas en régimen de alquiler en Las Palmas de Gran Canaria, se convirtieron en propietarias

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La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, presidió el acto de firma de escrituras en el que un total de 63 familias residentes en viviendas en régimen de alquiler en Las Palmas de Gran Canaria, se convirtieron en propietarias.

En un comunicado, Rojas destacó la política social que en materia de vivienda está impulsando el Gobierno y recordó que “en estos últimos cuatro años, cerca de 2.500 residentes en Gran Canaria, se han convertido en propietarias de las viviendas protegidas en las que vivían en régimen de alquiler y percibiendo una subvención del Gobierno canario que, cuando la situación es muy precaria, llega hasta casi el 99%, las ayudas más altas de todo el Estado”.

“Canarias –continuó– entiende que la política de acceso a una vivienda es una política social, una forma necesaria para favorecer la integración en la sociedad de las familias con más dificultades, aquellas que no superan los 11.000 euros anuales y que en las islas pueden contar con viviendas construidas directamente por el Gobierno pagando unos alquileres adaptados a sus ingresos”.

Por su parte, los nuevos propietarios son adjudicatarios de una vivienda social que han accedido a la titularidad oficial de su inmueble a través de las distintas fórmulas y decretos que el Gobierno de Canarias ha dispuesto para facilitar el acceso a la propiedad en los últimos años.

Se trata de viviendas ubicadas en diferentes barrios capitalinos como San Cristóbal, Cruz de Piedra, Pedro Infinito, Nueva Paterna y Feria del Atlántico, entre otros.

La mayoría de las familias reciben del Gobierno una subvención del 50% del precio lo que supone que optan a la compra por un precio medio que ronda los 7.000 y 9.000 euros por una vivienda de tres dormitorios.

De este precio se les descuentan las mensualidades que han abonado durante el tiempo que han sido adjudicatarios de la vivienda en alquiler y además, se les dan facilidades de pago aplazadas que van de los 5 hasta los 25 años.

“Canarias –concluyó Rojas– es de las pocas comunidades que construye directamente viviendas destinadas a las personas con menos recursos económicos y mayor dificultad social”.

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