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Dic 15, 2010
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El PP ‘aprieta’ a Bañolas (CC) para que se posicione sobre ex directoras del PP imputadas en ‘Caso Catis’

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El diputado por el PP, Asier Antona, siempre diciendo que hablaba desde el respeto, ha ’empujado’ al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Fernando Bañolas, a posicionarse sobre el denominado ‘Caso Catis’ y en concreto sobre las dos ex directoras de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales  (Essscan)  y miembros del PP, Inmaculada Acosta y María Rosa de Haro, imputadas en este caso junto a la secretaria.

Antona, que ha solicitado una comparecencia parlamentaria sobre este asunto, ha adelantado que su grupo va a solicitar formalmente los expedientes del acuerdo firmado en 2003, tampoco perdió la oportunidad para en su discurso asegurar que quien había firmado este acuerdo había sido Guillermina Hernández, quien había rubricado este acuerdo con el Sindicato Independiente de Trabajadores (Sitca).

Las palabras de Bañolas en las que hablaba de que lo que conocía era a través de la prensa, pues la Guardia Civil mantenía bajo secreto de sumario el expediente no contentaron a Antona, como tampoco los compromisos y medidas tomadas desde la administración canaria tales como personarse en los tribunales -tras la petición de una de las exdirectoras–, la revisión de los títulos y expedientes; así como romper el acuerdo con el sindicato.

“Con todos mis respetos, señor Bañolas, de las 15 preguntas que le hemos formulado no ha contestado ni a una”, dijo el también presidente del PP en La Palma. “Creemos desde el PP que las dos directoras no han tenido que ver con este asunto. Lo cree usted? Creemos desde el PP que cumplieron con la orden firmada, lo cree usted? ¿Usted no cree que han trabajado cumpliendo con lo acordado? Mi grupo está plenamente convencido”, ha añadido Asier Antona insistiendo en que esto no afecta sólo a Canarias sino también a Andalucía y a Extremadura.

Antona ‘rogó’ que no volviera a hablar de lo ocurrido con la Essscan era un tema externo al Gobierno. En su opinión,  “esto es un  tema muy interno, que afecta a muchas personas que se han visto estafados. Es un tema interno, los principales interesados son el Grupo Parlamentario del PP. Le vamos a pedir por escrito el expediente del acuerdo, el informe de la Essscan y los cursos completos del Sitca”.

PERDERÁN EL TÍTULO

El consejero de Sanidad, en su segunda intervención, reconoció: “Desde el primer día he dicho que tranquilidad con este tema, y que creo que las directoras no tienen culpa y que quien actuó mal fue el sindicato y que todos se han equivocado y que hay un convenio denunciado. Sigo los pasos”. Para luego, defender que  desde la Consejería se está realizando una criba sobre las titulaciones. “Si el sindicato es el culpable se deberán anular todos estos títulos [emitidos por el Sitca]”.

El consejero nacionalista ha insistido en que en Sanidad se mantienen muchas colaboraciones y que en todo momento en la Essscan se ha cumplido con los procedimientos, además de aclarar que los cursos eran auditados. “Esperamos a que la justicia camine. Creo que he sido claro, conciso y preciso desde el primer día. La escuela no ha sido citada. Es una entidad privada con sede en Cádiz, si los diplomas que formalmente se han hecho los procedimientos hasta el momento y si hay irregularidad o es ilícito lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial”, ha explicado Fernando Bañolas ante las exigencias de actuar “sin tibiezas” por parte del grupo parlamentario del PP.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Olivia Cedrés ha reprochado a Bañolas que no haya solicitado la comparecencia en 48 horas, sino que ha esperado a que la solicitara el PP. Medida que consideró como una ‘prórroga’ del pacto entre nacionalistas y populares. “Han cesado temporalmente la convivencia, pero no hay divorcio”, ha declarado.

“Los socialistas no atacan, sino que reclaman y exigen respuestas, pero queremos que se aclare todo sobre la Essscan”, ha asegurado Cedrés que preguntó sobre el número de inspecciones además de solicitar que se revocara de manera urgente el acuerdo con el Sindicato Independientes de Trabajadores.

El diputado nacionalista, Cándido Hernández, por su parte ha reconocido que este es una situación “delicada y grave”. “Es una cuestión delicada y grave que una institución incurra en una legalidad. Nuestro grupo se posiciona en la presunción de inocencia de los cargos públicos, porque desde su creación hasta hoy no han presentado problema”, ha señalado Hernández que calificó de “aceptable” la actuación del Gobierno de Canarias en este asunto.

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