Ago 19, 2010
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Carmen Marrero advierte del incumplimiento de las normas sobre la protección de la maternidad en empresas canarias

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La secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Canarias, Carmen Marrero, ha asegurado en una nota que existen “importantes incumplimientos empresariales” en relación con la protección de la maternidad, así como “considerables obstáculos” por parte de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la hora de tramitar la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo y por lactancia natural.

En relación con los incumplimientos empresariales, Carmen Marrero ha destacado la ausencia de identificación de aquellos riesgos para la reproducción, el embarazo y la lactancia, que deberían estar recogidos en la evaluación inicial de riesgos, es decir, incluso antes de que haya mujeres embarazadas o lactando en la empresa, con el fin de que estos riesgos se puedan prevenir y se pueda garantizar que el embarazo y el periodo de lactancia se desarrollen en un ambiente laboral saludable, tanto para las mujeres como para su descendencia.

La portavoz sindical explicó que una vez conocida por la empresa la situación de embarazo o lactancia natural de una trabajadora, si de dicha evaluación (cuando existe) se desprende que no se puede eliminar el riesgo, las empresas deberán adoptar las medidas preventivas necesarias mediante la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo para evitar la exposición de la trabajadora y, si esto tampoco fuera viable, la trabajadora deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.

Según Marrero, únicamente si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, podrá declararse el paso de la trabajadora a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural con reserva de puesto y con el derecho a cobrar el 100 por ciento de la base reguladora establecida para la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. Llegados a este punto, serán las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales las que reconocerán y abonarán dicha prestación.

La secretaria de Salud Laboral señaló a este respecto que a pesar de que la empresa ha acreditado que no ha sido posible adaptar las condiciones de trabajo ni cambiar de puesto a la trabajadora, y ésta ha aportado a la mutua toda la documentación y certificados pertinentes para tramitar el subsidio de riesgo por embarazo o lactancia natural, en muchas ocasiones, la mutua le deniega o retrasa el derecho al cobro de dicha prestación.

Para ello, según Carmen Marrero, las mutuas se basan en las orientaciones generales de los informes de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) y de la Asociación Española de Pediatría según el caso, no teniendo en consideración la evaluación de riesgos específica de la trabajadora ni la valoración del Servicio de Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención de la empresa, cuando éstos existen.

Generalmente, el criterio utilizado por las mutuas para determinar la edad gestacional en la cual la trabajadora embarazada tiene derecho a disfrutar de dicha prestación es el de valorar, únicamente, los riesgos derivados de manejo de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos, dejando al margen la consideración de otros riesgos que pueden ser, incluso, más importantes: riesgo biológico, riesgo químico, radiaciones ionizantes, trabajo a turnos y/o nocturno, etcétera.

Además, desde la Secretaría de Salud laboral de CCOO-Canarias se entiende que el informe de la SEGO presenta algunas carencias como, por ejemplo, que no contempla los riesgos psicosociales, aquellos relacionados con la organización del trabajo, que pueden ser desencadenantes de estrés y de ansiedad en las trabajadoras.

OTRAS PRÁCTICAS ABUSIVAS

Carmen Marrero apuntó que otra práctica abusiva llevada a cabo por las mutuas es la de comentarle a la trabajadora que acuda a su médico de cabecera para que le expida la baja por contingencia común mientras estudia su caso, a pesar de que la trabajadora no se encuentra enferma y su embarazo se desarrolla normalmente.

Así, agregó la portavoz sindical, a la trabajadora no le queda otra opción que recurrir a ello para garantizar su salud y la de su descendencia. Finalmente, cuando la mutua reconoce el derecho de la misma a cobrar dicho subsidio, la cuantía a cobrar podría ser menor puesto que ésta viene determinada por la situación de baja previa.

En definitiva, Marrero insistió en que las mutuas deberían tener en cuenta que cada caso debe ser valorado individualmente atendiendo a las evaluaciones de riesgos y a los criterios del servicio de vigilancia de la salud de las empresas. Y, por último, reclamó que “sólo cabe cumplir y hacer cumplir la ley a los empresarios, a los servicios de prevención y a las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales, haciendo un llamamiento a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que vigile y controle el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales”.

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Canarias

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