Oct 28, 2017
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La Gomera y la nueva ley de Servicios Sociales

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La nueva ley de Servicios Sociales reserva un papel muy especial para los cabildos como administración más cercana a los ciudadanos. Esta proximidad es el factor que permitirá conocer y resolver las situaciones que se presenten en este siempre delicado ámbito. Desde el Cabildo de La Gomera se ha mostrado la disposición a colaborar en la aplicación del nuevo texto que tendrá relevancia, por ejemplo, a la hora de abordar al sector de la tercera edad, que alcanza el 21% de la población, cinco puntos por encima de la media nacional.

No obstante, se hacen algunas peticiones. Entre ellas, evitar la fórmula de los convenios anuales como instrumento para financiar las competencias y buscar otra vía que sea más estable. Igualmente, se solicita que el nuevo texto tenga en cuenta los costes derivados de la doble insularidad e incrementar el sistema financiero en la medida que sea necesario.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo Curbelo, entiende que se trata de una legislación de gran importancia y que por lo tanto habrá que estar muy vigilante a su redacción final. Aunque en el caso de La Gomera no se puede hablar de pobreza en el sentido estricto del término, si tiene gran aplicación en otros sectores como el de la atención a mayores o dependientes. Está de acuerdo en que el Cabildo asuma las competencias que sea preciso, siempre y cuando éstas cuenten con la dotación económica suficiente.

Con respecto al traspaso de competencias a los cabildos en materia de servicios sociales especializados a mayores, discapacitados y mujeres, se demanda la correspondiente entrega de prestaciones, expedientes, bienes, personal y recursos. Una vez que entre en vigor la ley las competencias de los cabildos se basarán en la prestación de los servicios en el ámbito insular bajo la planificación autonómica y según las necesidades de la Isla.

La ley invita a que las instituciones insulares promuevan la participación ciudadana a través de colectivos, voluntariado o usuarios y profesionales e informar, orientar, asesorar y diagnosticar de forma especializada cuando se den este tipo de situaciones. El nuevo texto valora la coordinación de servicios con los ayuntamientos o la prestación de los mismos con carácter subsidiario, que además será obligatorio en municipios con menos de 20.000 habitantes. O sea la totalidad de La Gomera.

La diputada regional, Melodie Mendoza considera que la principal incidencia que puede tener la ley en la Isla es sobre todo en lo referente a la atención a los mayores. No por casualidad La Gomera cuenta con un población envejecida que requiere de determinadas prestaciones que a su vez deben tener encaje en esta nueva legislación. De todas formas cree que aún es pronto para pronunciarse sobre la legislación dado que apenas ha entrado en el Parlamento y por lo tanto está a la espera de que tome forma definitiva con la aportación de los distintos grupos.

Tenemos en la nueva Ley una oportunidad para mejorar y modernizar nuestra labor en esta materia pero debemos empezar por saber qué es lo que quiere la gente para ser más eficientes y efectivos y lo principal es escucharlos para eliminar obstáculos y no generar más problemas de los existentes”. En cuanto a la tarjeta universal, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) considera que no puede permitir que se ponga un carnet a la pobreza, que sirva para diferenciar entre gente que necesita ayuda y las que no.

Pero serán las disposiciones relacionadas con los mayores las que al final tendrán una incidencia primordial en la Isla. Y es que en estos momentos de los 21.000 habitantes de la Isla, 4.450 superan los 65 años, lo que implica el 21%, mientras que la media nacional se sitúa en el 16%. De esta cifra casi 2.000 ancianos padecen algún tipo de dependencia. Según los datos que maneja el Cabildo en 2019 la cifra de habitantes mayores de 65 años llegaría al 28,5% de la población. De ahí la importancia de la fórmula que utilice esta nueva legislación para dar respuesta a este delicado sector de la población.

Al respecto, desde los centros de la tercera edad de la Isla se pide que la nueva legislación tenga en cuenta realidades como que los mayores son más propensos a que su estado vaya empeorando según transcurre el tiempo y por lo tanto aumenten los costes iniciales para garantizar su bienestar.

Desde el sector de la diversidad funcional en La Gomera se considera que lo fundamental es conocer las necesidades reales y carencias que presenta este servicio, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como de otro tipo. En la actualidad se estima que la discapacidad se aborda como una especie de cajón de sastre en el que igual entran personas con una dependencia absoluta u otras que podrían integrarse perfectamente en el mundo laboral y llevar una vida normal.

Elena García Meneses consejera insular de Política sociocultural, cree que las modificaciones que introduce la nueva legislación supondrán una mejora importante a la hora de clarificar competencias entre las instituciones. De esta manera será posible concretar servicios y responsabilidades, evitando duplicidades y que los demandantes de estas prestaciones sepan cómo y a dónde ir. En el caso de la política de mayores, la incidencia en La Gomera será muy clara.

Una legislación punto por punto

  • El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su sesión del pasado lunes, 23 de octubre la Ley de Servicios Sociales que ahora será remitida al Parlamento canario para que los distintos grupos hagan sus aportaciones y se proceda a la aprobación final.

  • En su redacción actual han participado, colectivos, colegios profesionales, cabildos y ayuntamientos ante la necesidad de buscar soluciones a los nuevos problemas surgidos tras la crisis económica y la incorporación de normas en vigor.

  • El Catálogo de prestaciones y servicios se elabora en coordinación con cabildos, ayuntamientos y colectivos e incorporará novedades como el coste de cada servicio por persona y día en el territorio, al que habrá que sumar también los de las infraestructuras que los acogen. Introduce la ratios mínimos de profesionales, tanto en los servicios públicos como privados, por lo que influirá también en la financiación de las plantillas de las corporaciones locales. Entidades estas últimas que son las que prestan los servicios sociales comunitarios y de cercanía, así como en los que se ofrezcan en el marco tanto de las organizaciones no gubernamentales como en el de la iniciativa privada.

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