Oct 26, 2017
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Canarias reivindica en el Senado un Pacto por la Educación inclusivo

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La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, trasladó hoy a la ponencia constituida en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado las líneas principales de la política educativa que se desarrolla en las Islas, con la propuesta de que el futuro pacto de Estado pueda incorporar alguna de las iniciativas ya adoptadas en las Islas.

De éstas, la que más consultas suscitó fue el propio Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias, que está vigente desde hace casi un lustro y sobre el que se ha sustentado la actual Ley Canaria de Educación no Universitaria. En este sentido, se explicó cuál fue el proceso empleado en las islas en el año 2013 para alcanzar un acuerdo global, que partió del Consejo Escolar de Canarias, fue recabando adhesiones y aún hoy continúa abierto a que se sumen nuevos colectivos, instituciones, administraciones públicas, agentes sociales, etcétera.

Precisamente la recuperación del papel de los consejos escolares, ya no autonómicos sino los de cada centro, ocupó también una parte del tiempo de intervención de la consejera canaria, quien reivindicó la recuperación de su capacidad decisoria, que quedó mermada en la última ley educativa.

Pero a los aspectos que más tiempo dedicó Soledad Monzón fue a la necesidad de una financiación estable y adecuada del sistema educativo a partir de un pacto estatal y a defender la idea de que el nuevo Pacto de Estado debe girar en torno a la atención a la diversidad, porque “sin equidad, no hay calidad” en el sistema educativo, en opinión de la consejera canaria.

En cuanto a los fundamentos del futuro sistema educativo, Monzón destacó que la Comunidad Autónoma de Canarias defiende un sistema “que haga del desarrollo profesional del profesorado su piedra angular”. Un profesorado que -a juicio de la consejera- debe incluir entre sus competencias profesionales el pleno dominio de los contenidos que va a transmitir y su tratamiento metodológico, la comprensión de las características del alumnado, la valoración de las condiciones institucionales para aprovechar todas sus posibilidades y superar sus limitaciones, y colaborar en el reconocimiento del fundamento ético de la educación y la cooperación con las familias.

Por la parte del alumnado, la posición canaria es que el sistema educativo debe seguir de cerca los resultados obtenidos en todos y cada uno de los centros educativos e impulse continuamente procesos de mejora encaminados a lograr que todo el alumnado alcance los más altos niveles de aprendizaje. En definitiva, un sistema educativo orientado hacia el aprendizaje permanente, dotado de centros educativos inteligentes, de unos servicios orientados a la atención personal y de una administración abierta y transparente.

En este sentido, Soledad Monzón fue también preguntada por el objeto y la manera en la que se está incorporando la figura de las educadoras y los educadores sociales al trabajo en los centros escolares de Canarias. Explicó cómo esta figura servirá de puente entre los centros escolares y el resto de la sociedad, las familias, otras instituciones y, en líneas generales, con “el mundo exterior” a los centros.

Así, podrá hacer un trabajo efectivo en materias como la violencia infanto-juvenil, contra la que en estos momentos se está comenzando a elaborar un plan en Canarias, que parte de un proceso participativo en el que estas educadoras y educadores sociales tendrán un papel relevante para recabar las aportaciones de los diversos sectores sociales.

Por último, la consejera canaria demandó que en el nuevo pacto por la educación estatal se defina y regule adecuadamente la primera etapa de Educación Infantil, de forma que las condiciones de atención al alumnado de entre 0 y 3 años queden perfectamente delimitadas y la etapa financiada en la medida en la que se reafirme su condición de etapa educativa.

Así, Soledad Monzón concluyó sus aportaciones al debate sobre el pacto educativo, que esperó que sirva “para dotar al Estado y todas las Comunidades Autónomas de un marco normativo estable, con vocación de continuidad y que no sufra más alteraciones cada pocos años”.

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