Mar 1, 2017
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Alberto Rodríguez abre en el Congreso el debate sobre los contratos públicos con empresas de seguridad ‘piratas’

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El diputado de Unidos Podemos Alberto Rodríguez ha realizado una batería de preguntas y solicitudes de información sobre los contratos públicos del Estado adjudicados a las llamadas empresas ‘pirata’ de seguridad, y en concreto, sobre el contrato del Ministerio de Defensa y del SEPE con la empresa Marsegur seguridad.

 

Las denominadas empresas pirata son conocidas por conseguir contratos públicos al ofrecer precios extremadamente bajos, lo que luego repercute en los salarios de los trabajadores, con caídas que llegan hasta el 40%, y en el cumplimiento de las condiciones de su convenio colectivo. En este sentido, Rodríguez ha destacado la lucha de los sindicatos del sector de la seguridad privada para evitar la vulneración de derechos por parte de este tipo de empresas, y ha afirmado que “la administración pública no puede ser cómplice otorgando contratos a precios ‘de saldo’ e ignorando el hecho de que hacen imposible el cumplimiento del convenio colectivo”.

 

Respecto a Marsegur Seguridad, sobre la que ha planteado preguntas concretas, cabe mencionar que recientemente, el Cabildo de Fuerteventura tuvo que rescindir un contrato con esta empresa por el grave incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, lo que suponía recortes en el salario de entre 400 y 500 euros. Además, dicha empresa ha sido obligada recientemente a restituir las condiciones de trabajo de varios trabajadores por incumplimiento del convenio colectivo.

 

En las preguntas del diputado de Unidos Podemos formuladas al gobierno, además,  se indaga sobre los mecanismos de los que disponen las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y la aplicación del convenio colectivo del sector, así como si el Estado tiene prevista la inclusión de cláusulas en la contratación pública que salvaguarden dichos derechos.

 

Así mismo, el diputado ha solicitado información sobre todos los contratos públicos del Estado adjudicados a empresas de seguridad privada, para evaluar el grado de implantación de estas empresas piratas que violan los derechos laborales.

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