Belén Allende: “Comparar a Cruz Roja con una constructora es un acto miserable y de mala fe”


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La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, ha acusado a los grupos políticos de la oposición en la institución, PSOE, PP y PODEMOS, de intentar dañar la imagen de Cruz Roja Española con argumentos inconsistentes, de desinformación y, sobre todo, que “en el caso de socialistas y populares, son el reflejo de su incapacidad manifiesta en la gestión del empleo y en la atención a los sectores más desfavorecidos durante su mandato”.

Allende tilda a estos grupos políticos en la Corporación de irresponsables al intentar comparar a Cruz Roja con una constructora, “esto es un acto miserable y de mala fe” –señaló-, que tendrán que explicar públicamente a esta ONG, a sus directivos, voluntarios y, sobre todo, a los cientos de beneficiarios herreños, que gracias a su contribución han podido sobrellevar su propia subsistencia por inacción de la corporación anterior en materia de Servicios Sociales.

Al tiempo, afirma que este se lleva a cabo con Cruz Roja “porque esta entidad es la única que cuenta a día de hoy con un diagnóstico social de El Hierro, algo que debería haber emprendido y llevado a cabo el propio Cabildo”.

El proyecto elaborado por Cruz Roja Española para El Hierro, cuenta con sus propias singularidades debido a la realidad socioeconómica de la isla, pero es extrapolable a convenios y proyectos similares que llevan a cabo en Canarias con el propio Servicio Canario de Empleo y ayuntamientos como los de Santa Cruz de Tenerife o Adeje, siendo este cabildo el pionero en utilizar este tipo de recursos sociales entre los cabildos insulares”, informa.

La presidenta del Cabildo de El Hierro invita a todos los consejeros a que busquen un momento de su tiempo para leerse la memoria justificativa y explicativa del proyecto que critican y en cuya denominación en ningún momento se habla de “obras”. En concreto, esta actuación social que responde al nombre de “Proyecto de Empleo Insular. Fomento de la Inserción y adaptación de viviendas (FIAV)”, pretende promover que las personas en exclusión social o en riesgo de padecerlo mejoren su empleabilidad y que puedan realizar acciones que beneficien a la comunidad. “No se puede confundir a la opinión pública con los argumentos expuestos en los que se quiere comparar a Cruz Roja con una promotora de construcción, aquí no hablamos de rentabilidad empresarial sino por el contrario de beneficios sociales”, matizó Allende.

Asimismo, recordó y puntualizó que este programa se marca un doble objetivo, por un lado mejorar la autoestima y formación de personas vulnerables y con alto riesgo de exclusión social, facilitándoles empleo, por el que podrán cotizar y cuyos beneficios redundarán en su propio entorno familiar y en la economía local, y, por otro, que su ejercicio profesional redunde en las personas mayores y/o discapacitados que necesiten pequeñas adaptaciones en sus viviendas para facilitarles la movilidad y permanencia durante el mayor tiempo posible en su propia casa, lo que se entiende por instalación de barandillas de apoyo, pomos en puertas, rampas para facilitar el paso de silla de ruedas o apoyos de seguridad en las zonas de baños, sin que supongan obras que afecten a estructuras en ningún momento.

En tal sentido, la titular del Cabildo herreño señaló que “a nadie se le escapa que tenemos una población envejecida en incremento y que precisa una atención, y no disponemos de suficientes plazas sociosanitarias en nuestras residencias que permita la atención centralizada, por lo tanto tendremos que ser capaces de descentralizar esta atención a nuestros mayores con servicios como la asistencia domiciliaria o con proyectos que palien la exclusión social de este colectivo”.

Hasta el momento, recuerda Allende, se ha optado por una atención de rentas pasivas, repartiendo ayudas directas a los afectados, pero cronifica la situación personal y no mejora la autoestima y los problemas psicológicos de los beneficiarios. Mientras que con “este ilusionante proyecto” se logra transformar en rentas activas, favoreciendo el estado emocional de estas personas, logrando que tras años de paro y sin ayudas de prestaciones “logren al fin cotizar, sentirse útiles y ayudar a los que, como ellos, tienen problemas, como es el caso de nuestros mayores, muchos de los cuales viven solos y no cuentan ni siquiera con la ayuda de un familiar que les instale una barandilla de seguridad o que les permita evitar una caída en la ducha”.

Por ello, quiero aclarar a los empresarios del sector de la construcción insular, tan afectado por estos largos años de crisis, que estén tranquilos, porque este proyecto no está dirigido a afectarles sino a beneficiar al colectivo más vulnerable, sin posibilidades de empleabilidad en esta isla y a ayudar a los ancianos para que puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus casas”.

La presidenta insular recuerda que los objetivos que se persiguen son motivar a las personas, capacitar a las personas con dificultades de integración sociolaboral de las habilidades necesarias a través de un abordaje integral realizado por diferentes profesionales (recibirán formación permanente), tomar conciencia de comunidad, revertir el trabajo en beneficio de las personas mayores, mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias del proyecto (18 familias), establecer una Unidad de Coordinación con responsables de las diferentes Áreas del Cabildo de El Hierro y Cruz Roja, para gestionar las ofertas y/o plazas en las que se pueda realizar la contraprestación a la prestación recibida y mantener un sistema de coordinación constante con los trabajadores sociales de los Servicios Sociales que tramiten las diferentes ayudas, para realizar la atención, derivación, intervención y seguimiento adecuado de los casos.

Los destinatarios directos de este proyecto son personas empadronadas en El Hierro al menos durante 6 meses que estén en riesgo de exclusión social por encontrarse en una situación económica especial (acreditada por informe social), demandantes de empleo y sin prestaciones o subsidios, jóvenes de 17 a 25 años que hayan abandonado sus estudios y deseen formación orientada al trabajo para emanciparse (integrados o no en su núcleo familiar, con medidas de amparo, que hayan sido padres o madres adolescentes, menores con medidas judiciales…), personas con discapacidad cuyo certificado le habilite para trabajar en el puesto definido por el contrato, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años, parados de larga duración, entre otros.

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