Nov 3, 2015
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La vicepresidenta presenta los presupuestos de Canarias

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En Canarias se acabaron los recortes en las necesidades básicas de la gente”. Con esta afirmación comenzó su intervención la vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, quien presentó hoy en comisión parlamentaria el presupuesto de su área, que tendrá en 2016 un incremento del 13%, el más importante desde el inicio de la crisis económica.

Entre 2007 y 2015 el acumulado del presupuesto se incrementó en menos de un 9%, por lo que el crecimiento de 2016 supone “un gran paso adelante”, dijo. “Un presupuesto -añadió- que irá dirigido directamente a las personas, a mejorar la vida de la gente y, sobre todo, a lograr una recuperación económica intentando que nadie se quede en el camino”, continuó.

La vicepresidenta hizo un breve diagnóstico sobre las tres cuestiones que más preocupan a las canarias y a los canarios: el paro y el empleo digno; la pobreza y una exclusión social que afecta a uno de cada tres canarios y la vivienda.

En este contexto, Patricia Hernández resaltó que cada uno de los anuncios que ha venido realizando en sede parlamentaria tiene ya su reflejo en los presupuestos. “Habrá más dinero para la PCI con un incremento histórico que alcanza los 45 millones de euros, con los que podremos atender dignamente a 13.000 familias -26.000 personas, 9.100 de ellas menores de edad- y habrá más dinero para las personas dependientes, cuyo presupuesto crece en 7,5 millones de euros, además de los fondos que destinamos a quienes quieren un trabajo digno y no lo tienen”, explicó la vicepresidenta.

Cabe señalar que el presupuesto del SCE ascenderá en 2016 a 184,8 millones de euros en los distintos programas y que crecerá “sobre todo en aquellos programas para la inclusión social, en aquellos recursos dirigidos precisamente a combatir la desigualdad y para que nadie se quede fuera de la recuperación económica. A ellos van destinados 133 millones de euros”, avanzó la vicepresidenta.

En materia de vivienda, el presupuesto crece en 6 millones de euros para llegar a 64,1 millones de euros. “Vamos a ocuparnos de las personas que tienen derecho a una vivienda digna y no tienen recursos para acceder a ella”, señaló Hernández en un esbozo de las principales cifras de su departamento.

La vicepresidenta destacó que, además del incremento presupuestario histórico en materia social, éste irá aparejado a un cambio en la visión de las políticas en las que “sin dejar de atender lo urgente será necesario evolucionar desde el trabajo en la lucha contra la pobreza a abordar políticas de inclusión social”.

En este sentido, la PCI cumplirá con su objetivo, dignificar la vida de las personas sin ingresos y prepararlas para la integración en el mercado laboral, de tal manera que se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para conectar a quienes reciben la ayuda económica con las oportunidades de formación y empleo que este ofrece, básicamente a través de las dos líneas que más crecen: la 241H, “Inserción y reinserción ocupacional de desempleados”, al que se incorporan 25 millones de euros más para situarse en 116.039.311, y el 241L, “Integración laboral de personas con especiales dificultades”, que se incrementa en un 65,7%.

En definitiva, prometimos ocuparnos de la gente y vamos a ocuparnos de la gente. Vamos a convertirnos en los mejores aliados de los que menos tienen”, afirmó la vicepresidenta.

El presupuesto por programas

El presupuesto consolidado del departamento crece en un 13,3% para llegar a 544.849.986 euros, con un incremento en términos absolutos de 63.874.699 euros.

La atención a las personas con discapacidad se incrementa en dos millones de euros y crece también el programa 494A, “Administración de relaciones laborales y condiciones de trabajo” en 1.179.000 euros, que es el programa que contempla el plan contra la explotación laboral y el fomento de la Concertación Social.

En cuanto al área de Vivienda, que también sube en un 10,3%, cabe señalar el importante esfuerzo que se realiza en el convenio de reposición de Las Chumberas, en el que la aportación de la Comunidad Autónoma es de 5,4 millones de euros y se incorporan fondos del Estado por 2,7 millones.

También hay que señalar que se incluye otro de los anuncios de la vicepresidenta del Gobierno en sede parlamentaria, como es la Oficina para la Defensa del Derecho a la Vivienda, además de mantener los fondos para la compensación de los afectados por la hipoteca joven y la vivienda usada.

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