Sep 10, 2015
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En Canarias la vuelta a la sanidad universal se hace esperar

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La Sanidad Universal es una conquista de los derechos humanos, es decir, del conjunto de las personas y no admite exclusiones. Es también una garantía de la salud de las poblaciones al integrar la salud de todas las personas que forman parte de las mismas. Nadie puede quedar al margen de los recursos que deben garantizar la salud poblacional. Este es un aspecto esencial de la obligación de la atención pública de salud, a cargo de los estados, para todos y todas que no admite dejación de ningún tipo y bajo ninguna excusa. El Gobierno de Rajoy lo destruyó con el RDL 16/2012 acabando con nuestra sanidad universal. Posteriormente una serie de CCAA, en el marco de sus plenas competencias sanitarias, ha ido restituyéndola poco a poco. Recientemente, las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria y Valencia. Lo propio habían hecho anteriormente Andalucía, Cataluña, Asturias, Euskadi y Navarra.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha anunciado “el comienzo de los trámites” para ello. Nos llama mucho la atención que en la comunidad valenciana el gobierno de Compromís y PSOE, con el apoyo externo de Podemos, apenas tardara 21 días desde la investidura de su presidente, el 28 de junio, hasta el día 20 de julio en que se devolvió efectivamente la tarjeta sanitaria a las y los inmigrantes.. El gobierno de Canarias hizo su anuncio el pasado 6 de agosto señalando que su concreción efectiva queda pendiente de “analizar cuestiones como a qué cantidad de personas beneficiará la medida y qué coste tendrá para las arcas públicas”. Mucho nos tememos que, además de condicionado por las disputas en CC-PSOE, esto pueda suponer un obstáculo “economicista”, limitándose a exigir, como ha hecho en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del día 2, la derogación del RDL 16/2012. Sería una clara demostración de que, con las políticas de ajuste, poco o nada va a cambiar en la gestión de la sanidad pública canaria.

Se debe enmendar cuanto antes la actuación de la pasada legislatura en la que la Consejería de Sanidad, durante el último semestre de 2012, retiró nada menos que 52.000 tarjetas sanitarias a sus titulares, además de la bochornosa regulación para su acceso a los servicios sanitarios de Canarias que solo han podido cumplimentar 367 de ellas, dados los requisitos para su inclusión.

Ahora ante la avalancha de devoluciones de las tarjetas sanitarias en muchas CCAA, el Ministerio de Sanidad quiere imponer una norma unificada, discriminatoria y xenófoba, que implica un registro de “apartheid” y también un periodo de empadronamiento de 6 meses. El empadronamiento no debería, en ningún caso, constituir un obstáculo al acceso a los servicios de salud, algo que por ejemplo podría limitar la asistencia sanitaria a las personas sin hogar. Pero además, el requisito de empadronamiento, es especialmente preocupante para los inmigrantes en situación irregular, ya que la legislación española permite a la policía acceder al padrón de extranjeros sin autorización judicial. Asimismo, no es admisible que las personas que llevan menos de 6 meses de empadronamiento, sean excluidas de la atención sanitaria plena, debemos sacar lo antes posible a los “sin papeles” de cualquier situación de exclusión sanitaria con sus consiguientes riesgos y sufrimientos. Esto habrá que hacerlo desde el primer día a los que son “irregulares” desde el minuto uno y a partir de los tres meses a los que se convierten en “irregulares” una vez que pasa el plazo de permanencia legal como turistas y no regresan a sus países de origen.

No podemos tolerar que se siga sin reincorporar ya a la atención sanitaria pública plena a estas personas. Lo exigimos, como lo exige la necesaria respuesta a una medida injusta, del RDL 16/2012 del gobierno de Rajoy, desastrosa desde el punto de vista sanitario, humanitario y moral, rechazada incluso por el Tribunal Constitucional, y, aunque a pesar de ello tal decreto-ley aún no haya sido derogado, Canarias en el marco de sus competencias no puede ser la última comunidad autónoma en hacer justicia a estas personas.

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