Sep 10, 2015
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El PSOE seguirá luchando por la carretera de La Aldea

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El portavoz de Obras Públicas del Grupo Parlamentario Socialista, Gabriel Corujo, aseguró este jueves que el PSOE “continuará luchando hasta lograr que la culminación de la carretera de La Aldea sea una realidad”. En el pleno de la Cámara, denunció los reiterados incumplimientos del Gobierno del PP al respecto y advirtió de que el PSOE permanecerá atento para evitar nuevos agravios en torno a este asunto.

“La carretera de La Aldea es una infraestructura fundamental por motivos de seguridad y para el desarrollo económico y social de un municipio aislado”, recordó el diputado, quien señaló que el contexto de ejecución de la obra está determinado por el recorte del convenio de carreteras y su adenda del año 2009 “bajo el alegato de la crisis económica”. Destacó que el Gobierno de España, con Rodríguez Zapatero, “cumplió en los años 2009, 2010 y 2011, pero es en 2012, con la llegada del Partido Popular, cuando se produce un recorte del 72 por ciento en la financiación del convenio, pasando de 210 millones de euros a 54 millones anuales”.

El parlamentario socialista hizo hincapié en que estos 640 millones de euros de déficit de inversión en infraestructura viaria son “un ejemplo del maltrato del PP a Canarias por voluntad política, ya que en el mismo contexto económico, saca pecho la ministra de haber financiado en el año 2014, de enero a mayo, carreteras en Galicia por 370 millones y comprometido 1.500 millones también en Galicia para 2015”.

Gabriel Corujo remarcó que cuando se habla de obra pública “se habla inseparablemente de inversión, y si existe incumplimiento en el calendario de inversiones, es imposible que exista cumplimiento en el calendario de ejecución”. Respecto a los 27 millones comprometidos por el Gobierno central para concluir esa carretera, insistió en que la situación actual es consecuencia de los reiterados incumplimientos del PP, por lo que reiteró que el PSOE estará atento al respecto. Para concluir, animó a que, en el marco del supuesto “cambio” en la relación de Canarias con el Estado, “las partes reclamen que el destino de las inversiones de Canarias se decida en Canarias”.

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Gran Canaria

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