Ago 11, 2015
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La nueva Ley de Voluntariado reforzará el papel social de colectivos y personas

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La Senadora por la isla de La Palma, María de Haro, ha explicado que recientemente se ha aprobado por la Cámara Alta la Ley de Voluntariado que pone de manifiesto la clara apuesta del Gobierno de España por mantener una agenda social vinculada a la consolidación del crecimiento iniciado por España, y de manera especial por fortalecer el Estado de Bienestar.

De Haro ha querido destacar la importante labor que los voluntarios realizan en nuestro país y también nuestra isla donde se han convertido en una pieza clara para lograr la recuperación económica y que en los últimos años han experimentado un importante crecimiento. Destacó que en España hay alrededor de 30.000 entidades sociales que dan empleo a, prácticamente, 636.000 personas, abarca a casi 6 millones de personas y realizan una actividad que representa casi un 2% del PIB.

En el caso de La Palma, según recoge la Oficina Virtual del Voluntario dependiente del Cabildo Insular, existen 12 asociaciones que realizan labores de voluntariado y era necesario contar con un marco legal que recoja y regule las actuaciones de las personas voluntarias así como, las receptoras de su actividad. Esta Ley dota a los voluntarios de

un marco de actuación propio, coordinado y actual, que además delimita con mayor claridad los márgenes competenciales de las Administraciones Públicas.

De Haro también destacó que esta Ley ha sido consensuada y en la que han participado Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y organizaciones representativas de la sociedad civil. “Se ha mantenido un amplio diálogo con las representantes sociales de los que se han incluido gran parte de sus propuestas en esta Ley” ha matizado.

La también portavoz del PP en el Cabildo quiso poner en valor la importante labor de los Voluntarios desde la consciencia del papel que desempeñan en nuestra sociedad e hizo especial hincapié en el importante rol que han jugado en la lucha para salir de la crisis apoyando a aquellos que peor lo han pasado y siempre desde un ejercicio de generosidad y entrega con el fin último de poder mejorar la vida de los demás.

Cabe recordar que la ley obedece a la necesidad de adaptarse a la nueva realidad del voluntariado, modernizando la norma anterior, que data de 1996. España cuenta con un importante número de voluntarios, 6 millones, siendo el sexto país de la UE en participación de voluntarios, número que ha ido creciendo en los últimos años.Tambén ha cambiado el perfil y la motivación de un importante número de personas que participan en el voluntariado.

Según explicó la Senadora, la Ley delimita el régimen jurídico de las personas voluntarias y su relación con las entidades, y acota además el campo jurídico de la administración. Y se estructura sobre los siguientes objetivos: regulación, mecanismos de cooperación de las Administraciones con las entidades locales, la apertura del voluntariado a otros ámbitos y expansión al papel de las empresas y las universidades,actores que por su labor social indiscutible pueden desempeñar un rol esencial en la activación de iniciativas de voluntariado.

Además de definir el papel de voluntariado se establecen los ámbitos de las actuaciones: social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil. Se añade el voluntariado paraolímpico dentro de la categoría “deportiva” y el de la protección de animales dentro de la “ambiental”. Además, Ley establece los derechos y deberes de los voluntarios, y garantiza la igualdad en el acceso al voluntariado de las personas en situación de dependencia.

“En definitiva el Gobierno ha vuelto a cumplir apostando, con normas como ésta, de manera clara por mantener y fomentar su agenda social y dar apoyo a todos aquellos que cada día lucha por contar con una sociedad mejor” ha indicado la Senadora. Ésta también recordó la Ley del Tercer Sector en el ámbito social, o la de protección de la infancia y adolescencia, que se verá además, reforzada, por el peso que tendrán en los presupuestos Generales para 2016 las partidas destinadas a políticas sociales, en que se destinarán más del 53% de fondos al gasto social.

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