Jul 9, 2015
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El PSOE tilda de “arbitrario” e “injusto” el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia

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El pleno del Senado aprobó definitivamente, ayer por la tarde, el proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil sin introducir ningún cambio por lo que la normativa se publicará en el BOE sin necesidad de volver al Congreso de los Diputados. El texto contó con el respaldo de la mayoría absoluta del PP -149 votos a favor- frente al resto de los grupos parlamentarios -71 en contro y 12 abstenciones-.

En su intervención, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia y senador por Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, vertió una fuerte critica al citado proyecto de Ley por considerar, entre otras cosas, que la exposición de motivos no coincide con el articulado. Además reprochó al Partido Popular su alejamiento para buscar el consenso, al no aceptar ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.

Díaz Tejera se mostró especialmente crítico con la Disposición Final Séptima introducida por el Gobierno a esta Ley en la que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Así, reprochó al PP que ya intentaron introducir este apartado en el proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España introduciendo una enmienda en el Congreso y recordó que gracias a que los grupos de la oposición que “peleamos mucho en contra”, al final presentaron una enmienda en el Senado para sacarlo del texto. En este punto, lamentó que el PP lo haya recuperado para introducir en el presente proyecto esta disposición final y se preguntó “¿por qué ahora se modifica esto?”

El senador del PSOE se dirigió a los presentes en el hemiciclo y tras interpelarles sobre “¿cuántos de ustedes saben cuál es el nombre de la esposa del actual presidente del Gobierno y cuántas dinastías han reinado en España?” puso de manifiesto que el propio senador “que hasta hace pocos días que lo he preguntado- no sabía la respuesta ni de lo primero ni de lo segundo” “no podría adquirir la condición de español, porque esas son las preguntas que, por ejemplo, en una localidad cercana a donde estamos ahora se le hacía a los extranjeros que han residido en España”. Díaz Tejera tildó este procedimiento de “arbitrario” e “injusto” y criticó que “una manera de atajar esa arbitrariedad es poner dos exámenes sobre cuatro materias, según consta en la disposición final séptima” y explicó que “se establece que en esos dos exámenes, cuatro son las materias: Una, idioma, conocimiento del castellano. Dos, la Constitución. Tres, la realidad social y la realidad cultural de España”. “Uno puede pensar que parece razonable que se hable un castellano básico o que se conozcan los valores constitucionales. Pero, ¿cómo se van a hacer esas preguntas? Y es que ninguno de los grupos que trabajan en el campo de la inmigración fue consultado sobre la ley. Ninguno. ¿Por qué?”, apuntó.

Díaz Tejera insistió en recriminar al Partido Popular que “la relevancia de esta disposición final séptima es lo suficientemente compleja como para que este asunto del acceso a la nacionalidad por residencia no se regule en una ley con este título, que nada tiene que ver con este contenido, un contenido que encima plantea esos exámenes de esas cuatro materias”. En este sentido, el senador del PSOE hizo especial hincapié en que “todo extranjero en España, y son cerca de unos cinco millones, vive en un municipio” y se preguntó si “¿tienen esos municipios conocimiento acerca de la integración de esas personas?”. “Ustedes saben que sí. Y no solo hablo de la Policía local, también de los servicios socioeducativos y de los actores sociales”, señaló, antes de resaltar que “como digo, es mucho más importante la historia de vida de esa persona que un examen concreto en el que tiene que responder en dos horas a un test que no se sabe cómo va a ser ni quién lo va a formular”. “Por tanto, es mucho más inteligente la evaluación de esa persona si en general está integrada. Y nosotros no usamos la palabra “asimilación” que utilizan otros; usamos la expresión “integración en general en los valores constitucionales”, remachó.

Asimismo, el senador del PSOE insistió en la necesidad de elaborar una ley de nacionalidad por la propia materia y recalcó que el asunto de la inmigración es vital para Europa. “Todos los sociólogos insisten en que para el mantenimiento del sistema del bienestar, para el mantenimiento de las pensiones −por ejemplo, para que puedan cobrarla los dos ponentes del Grupo Popular cuando lleguen a la edad de la jubilación−, el conjunto de Europa necesita cerca de 30 millones de inmigrantes con el fin de garantizar solo la continuidad vegetativa de la población en términos de trabajadores que coticen, de forma que ustedes puedan acceder a esa pensión, dado el índice de natalidad que tenemos en el país”, afirmó el senador del PSOE, antes de resaltar que los países europeos han estado reformulando sus leyes. ”Algunos, inteligentemente, los que son más sensibles con esto, facilitan el acceso a la nacionalidad por residencia. ¿Y qué tipo de pruebas ponen? Pues unas que son absolutamente comprensibles. Por el contrario, los que quieren restringir ponen una batería de preguntas y exigen hasta un 70% o un 80% de aciertos”, reprochó.

Al hilo de ello, el portavoz socialista recordó que “el artículo 22 del Código Civil establece diez, cinco o dos años de residencia en España para los que han residido aquí y no han nacido españoles, no lo han heredado de su madre o de su padre, o no son españoles de segunda generación. Diez, cinco o dos años en función de que hayan sido personas que provengan de países latinoamericanos, Filipinas o sean sefardíes, etcétera, lugares donde había especiales vínculos con España”.

Tras lo apuntado, Díaz Tejera incidió de nuevo en que hace falta una ley de nacionalidad que regule todo esto. “Es lo que prevé el artículo 11 de la Constitución, es lo que en general se está reclamando, y por supuesto no puede ser una ley solo del Partido Popular ni tampoco puede serlo solo de cualquier otro partido, sino que tiene que ser una ley consensuada”, apuntó, antes de añadir: “¿Y ello por qué? Porque es un asunto estratégico para el conjunto de la nación española, y como este es un asunto demasiado serio y relevante, en el que se plantea el futuro y la pervivencia de la comunidad española, me parece que no procede abordarlo en una disposición final séptima”, concluyó.

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