Jun 29, 2015
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El nuevo Código Penal permite a empresas y partidos “librarse” de su responsabilidad penal en casos de delitos económicos, medioambientales e informáticos

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A partir del 1 de julio, fecha en la que entra en vigor la nueva reforma del Código Penal, “las empresas, partidos políticos y sindicatos que creen mecanismos de prevención, control y lucha contra el delito podrán evitar ser considerados responsables por las infracciones penales que pudieran cometer sus dirigentes y que beneficien de algún modo a la organización”. Así lo aseguró hoy el director general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, durante la inauguración de la jornada “Sistema de gestión de riesgos para la prevención de delitos en la empresa”, organizada por la institución cameral y su escuela de negocios, ENIC, en colaboración con Aenor y Legistel.

El objetivo de esta jornada fue dar a conocer a los administradores, los consultores y profesionales del derecho y la auditoría el impacto que supone la reforma del Código Penal en la responsabilidad criminal de las empresas, así como las oportunidades de negocio y empleo que permite la implantación de sistemas de prevención de delitos en las pymes y grandes compañías.

En la nueva reforma del Código Penal se recogen fórmulas para exonerar a empresas, partidos políticos y sindicatos de la responsabilidad que hasta ahora tenían en el caso de haber cometido algún delito. Según explicó el responsable de Litigación y Arbitraje de Legistel, Luis Abeledo Iglesias, “antes, en 2010, sólo eran responsables las personas físicas, quienes tenían capacidad de acción y de decisión. A partir de esta fecha, son también las personas jurídicas las que tienen responsabilidad penal por los delitos que cometa la empresa”. A su juicio, “la gran novedad de la reforma del Código Penal es el establecimiento de exoneración de responsabilidad cuando existan programas de cumplimiento normativo eficaces y en práctica”.

Para el responsable de Litigación y Arbitraje de Legistel “estas organizaciones podrán librarse en principio de problemas con la justicia con la puesta en marcha de planes de control antes de la comisión del delito”.

Nuevo nicho de empleo y negocio

Durante la jornada, la responsable de Servicios Jurídicos de la Cámara, Noemí Brito Izquierdo, dijo que los cambios en la legislación abren también la vía al

desarrollo de un nuevo sector de consultoría como es el del “Compliance”. A su juicio “esto supone un yacimiento de empleo para los profesionales vinculados a la consultoría, al derecho y a la auditoría a través de la figura del director de Cumplimiento Normativo, lo que permitirá dar cobertura jurídica a cualquier gestión empresarial al mismo tiempo que se protege a sus administradores”.

Concretamente, el compliance officer es “la persona encargada de elaborar, ejecutar y supervisar el Plan de Prevención de Delitos en la Empresa de cara a que la compañía no vulnere la legislación en el desarrollo de sus tareas”, apuntó Brito Izquierdo.

Aunque en España solo algunas de las grandes empresas tienen implantados planes de prevención de delitos, el nuevo Código Penal abre esta posibilidad a todas las empresas, independientemente de su tamaño y sector. De ahí, la necesidad de contar con profesionales formados y especializados bien dentro de la propia plantilla o externamente.

Para dar respuesta a esta realidad, la Cámara de Comercio a través de su Escuela de Negocios de las Islas Canarias (ENIC) acaba de lanzar un novedoso Programa Superior de Compliance (programa de cumplimiento normativo de la empresa), que contempla más de 76 horas de formación semipresencial, donde se tratará en profundidad cómo se implanta este programa en el ámbito de los negocios, cómo se controla, cuáles son las implicaciones y ventajas asociadas y cómo se forma al equipo directivo y jurídico para minimizar la responsabilidad legal. Este programa explica el nuevo modelo de gestión de riesgos jurídicos en las empresas y prepara a los equipos directivos y jurídicos para abordar con garantías los planes con el fin de minimizar la responsabilidad penal de las empresas

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Canarias

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