Jun 1, 2015
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El Tribunal Supremo declara la nulidad radical del Plan Territorial Turístico de La Palma.

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En sentencia de 13 de mayo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la Federación Ben Magec, Ecologistas en Acción y, en consecuencia, declara la nulidad del Decreto 123/2008 de aprobación definitiva parcial del Plan Territorial Especial turístico de La Palma (PTE) que, recordemos, es el que aprobó el grueso de las actuaciones convencionales, los núcleos mixtos y los cinco sistemas deportivos y de ocio (campos de golf).

Este decreto fue ya declarado nulo por el TSJC, pero sólo al respecto de 3 actuaciones con campos de golf en Los Llanos, Breña Alta y Barlovento. Las asociaciones ecologistas, sin embargo, manteníamos que las irregularidades cometidas en la tramitación y aprobación del PTE afectaban a su totalidad, por lo que elevamos nuestras demandas ante el Tribunal Supremo, órgano que finalmente ha declarado su nulidad radical, es decir, desde el inicio.

Durante estos siete años de vigencia el PTE ha demostrado su ineficacia como instrumento de ordenación turística, sin que haya salido adelante ninguna de las actuaciones previstas, debido en gran medida a que el PTE se dedicó a plasmar fantasiosas operaciones especulativas de carácter inmobiliario que poco tenían que ver con el turismo. Ahora, además, el PTE Turístico revela definitivamente su inviabilidad jurídica, con demoledoras consecuencias sobre todos los instrumentos de ordenación que se han adaptado al mismo, como los planes generales municipales, o que han adoptado al PTE, como el Plan Insular de Ordenación. La inseguridad jurídica del PTE ha contaminado toda la planificación general y territorial de la Palma, como reiteradamente hemos venido advirtiendo.

Este desastre tiene su origen en las formas poco democráticas y nada transparentes de hacer política que han caracterizado durante décadas a las instituciones públicas; se ha despreciado la participación de la ciudadanía y buena muestra de ello es el hecho de que no se tomaron en consideración las alegaciones que en su momento advertían las ilegalidades que ahora son la base de la nulidad del plan. Lo que nos hemos encontrado es una pertinaz tendencia de los gobernantes a hacer concesiones a determinados intereses particulares en contra del interés general, para lo que no dudan en forzar la legalidad o directamente saltársela.

Y aunque por acción u omisión, la responsabilidad de este fracaso esté muy repartida, no queremos dejar pasar esta oportunidad para señalar a los responsables directos: en el Cabildo Insular, José Luis Perestelo, presidente cuando se aprobó el PTE, que presumió de que dejaba la isla planificada y lo que dejó fue una bomba de relojería que estalla ahora, precisamente cuando pretende volver a ser presidente; su Consejero de

Planificación, José Izquierdo Botella, cuya arrogancia fue sorda a los cientos de alegaciones que le decían lo que ahora corrobora el Tribunal Supremo.

En el Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, entonces Director General de Ordenación del Territorio, actuaba de procurador de informes técnicos torticeros con los que ocultar las irregularidades del PTE, y Domingo Berriel, Consejero de Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de Canarias, un político nefasto que acumula tantos decretos anulados por la justicia que resulta incomprensible que continúe siendo consejero.

No sólo hay responsables políticos de este fracaso. También hay técnicos implicados, que han ejercido más de “sastres”, elaborando informes a medida, que de leales funcionarios públicos, de los que destacamos: en el Cabildo, José Roberto González, máximo responsable jurídico de política territorial, que pese a la chapucera tramitación del PTE, o tal vez gracias a ella, ha podido medrar en la administración insular. En el Gobierno de Canarias, Eduardo Ángel Risueño, cuyo informe fraudulento justificando que el PTE no debía ser sometido a la Evaluación Ambiental Estratégica, ha sido señalado en la sentencia del Tribunal Supremo como base para apreciar el principal motivo de nulidad del plan.

La ciudadanía canaria ha pagado con fondos públicos la incompetencia e irresponsabilidad de los que elaboraban un plan nulo de pleno derecho. Más aún, seguimos pagando la adaptación de los planes municipales al PTE y ahora deberemos pagar la adecuación de los planes en ejecución de la sentencia, y la elaboración de una nueva planificación turística. Creemos que deberían existir mecanismos para que quienes actuaron desde las administraciones públicas de espaldas a la Ley respondan con su patrimonio personal a resarcir los daños causados.

Para las asociaciones ecologistas, y para buena parte de la ciudadanía palmera, la sentencia del Tribunal Supremo supone un hito en la tarea de que La Palma tenga un desarrollo turístico diferente, basado en los valores ambientales de la isla y no en su transformación artificial, que no repita modelos fracasados como las macro urbanizaciones asociadas a los campos de golf, o los grandes hoteles aislados que ocupan mucho territorio y sin embargo tienen escasos beneficios sociales y económicos para la población local. Pero no entendemos la sentencia como el punto de llegada, sino el punto de partida de una nueva planificación más acorde a la realidad insular, más respetuosa con la isla y su gente, más justa, participativa y legal.

Por último, debemos agradecer una vez más a todas aquellas personas que han colaborado económicamente o con su trabajo en la vía judicial que abrimos en 2008 y que ha culminado con éxito. Queremos compartir nuestra satisfacción con todas ellas y con toda la ciudadanía de estas islas que aboga por una acción política más transparente y democrática.

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La Palma

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