May 29, 2015
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La Ley Canaria de Educación no será recurrida por el Gobierno del PP al Tribunal Constitucional

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El 28 de octubre de 2014 el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas daba a conocer al Gobierno de Canarias sus discrepancias en relación con Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, y planteó el inicio de los trámites que podrían llevar a la denuncia de inconstitucionalidad de la Ley Canaria de Educación.  

El Gobierno de Canarias sostuvo entonces que la Ley Canaria respetaba en todos sus términos la norma constitucional y que la amenaza  de recurso tenía que ver con una revancha política porque el Gobierno autónomo había rechazado rotundamente la LOMCE. Ante tales discrepancias se convocó la Comisión de Conciliación entre ambas Administraciones, previa a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Las discrepancias iniciales afectaban los siguientes artículos 29, apartados 6 y 7, 3O3 y 3O5a), 313, 33.I3a) y b), 336, 633, 63.5, 643, 68, disposición adicional tercera y disposición adicional sexta.  

El resultado del diálogo abierto en dicha Comisión ha sido un acuerdo, que el Ministro ya ha notificado al Presidente del Tribunal Constitucional. En el mismo no se incluye modificación alguna al texto que salió aprobado por el Parlamento de Canarias y se precisan las interpretaciones con respecto a la norma básica del Estado.

Según el Vicepresidente del Gobierno de Canarias, los términos en los que se expresa el acuerdo reconocen las competencias que en materia educativa tiene cada una de las administraciones y, de este modo, “se pone de manifiesto lo que siempre hemos dicho que al aprobar esta ley actuábamos respetando escrupulosamente la normativa básica del Estado y que sólo nos movía el ánimo de dotar a Canarias de un instrumento jurídico que le permitiera superar con éxito los difíciles retos que tenemos planteados. Ahora queda despejado el camino para que Canarias pueda disponer, por fin, de un modelo educativo propio que atienda a sus singularidades”.

El proceso de dicha Comisión se ha desarrollado a lo largo de varios meses. A finales de febrero los representantes de las administraciones nacional y autonómica excluyeron cualquier discrepancia a cuatro de los siete artículos y las dos disposiciones transitorias de la Ley Canaria de Educación que habían recibido reparos del Ministerio. Sin embargo, quedaron sin resolver las dudas que afectaban a tres artículos: los artículos 30 y el 31, que guardan relación con la utilización de la idea de ciclo en la educación Primaria, y con la posibilidad de extender el agrupamiento de las asignaturas en ámbitos más allá del primer curso de la Secundaria Obligatoria, respectivamente, así como el 68, que afecta a las evaluaciones de diagnóstico. Dichas discrepancias han quedado ahora resueltas.

José Miguel Pérez quiso señalar que “si el gobierno de Rajoy hubiese mantenido la misma disposición al diálogo y al entendimiento probablemente no tendríamos que sufrir hoy las consecuencias de la implantación de una Ley Orgánica de Educación como la LOMCE que ha sufrido el rechazo de toda la sociedad y que incluye un calendario verdaderamente demencial.” Por tales razones, el Consejero Canario de Educación vuelve a reiterar la propuesta efectuada al MEC por las Comunidades Autónomas donde no gobierna el PP para que se paralice la implantación de la LOMCE hasta que pueda entablarse un diálogo hasta ahora inexistente. 

“Es probable que en la mayoría de las Comunidades  Autónomas españolas se formen muy pronto Gobiernos de signo distinto al del PP”, afirmó el Consejero Canario que es también responsable de Educación en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, “por ello es más necesario aún que en materia educativa se establezca un diálogo constructivo, alejado de las prácticas que hasta ahora han caracterizado al Ministerio que dirige Wert, y que permita introducir en España un horizonte educativo moderno y se que atrás el profundo retroceso que para la Educación está generando el Gobierno de Rajoy”.

El consejero recordó también que la Ley Canaria de Educación no Universitaria busca preservar la equidad del sistema educativo, incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, estatales y autonómicas, actualizar la normativa sobre la materia actualmente vigente y asegurar un sistema educativo estable.

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Canarias · La Palma

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