May 12, 2015
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Paliativos para luchar contra la pérdida de biodiversidad

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Abordar la problemática que afecta a la biodiversidad desde el ámbito del ecologismo social es un reto. Este tipo de ecologismo profundiza en las raíces del sistema que provoca los cambios, es crítico con el sistema, si las hay, aporta alternativas que ayuden a evitar el deterioro medioambiental.

Sin embargo, hoy tememos comunicar que estas alternativas han de ser también sistémicas, y que no hay recetas para luchar contra la pérdida de biodiversidad.

Es el modelo de desarrollo que ha imperado en Canarias, que es por el que se sigue apostando, y que se fundamenta en la apuesta por aquellos sectores que acaparan más dividendos (el turismo y la construcción), lo que ha estrechado cada vez más el cerco a los ecosistemas, y con ellos, a las especies que hacen de Canarias un punto caliente de biodiversidad. Pero este modelo tiene que venir necesariamente amparado por guardias custodios que garanticen sus intereses, porque ante él tiene, en muchos casos, la oposición ciudadana.

La oposición ciudadana se defiende con las armas que le concede la democracia. Y la legislación era una de ellas. Pero lamentablemente, la democracia está cada vez más desgastada, y fiel reflejo de ello es el cada vez más precario estado de nuestro marco normativo relativo tanto a la protección ambiental y territorial, como a la libertad del ejercicio del derecho de protesta.

Hagamos un brevísimo repaso histórico:

A principios de la presente década nos dotamos de unas Directrices de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente y una moratoria turística que tuvieron la enorme virtud de ponerle freno a un sector turístico en pleno proceso de crecimiento y a la expansión urbanística desorbitada, y además, de hacerlo con el loable objetivo de preservar un medio del que ya se conocía que no tenía capacidad de carga suficiente para toda la presión que sufría.

Por ese entonces también se aprobó el Catálogo canario de especies amenazadas, y se hizo contando con una amplísima participación del mundo científico – técnico, y de todos los niveles de las administraciones competentes.

En el ámbito de las luchas sociales, se alcanzaron grandes victorias ciudadanas que consiguieron preservar espacios como El Rincón en La Orotava, el Malpaís de Güímar y Veneguera, a través de Iniciativas Legislativas Populares, y parar el tendido eléctrico de Vilaflor con una muy masiva manifestación.

Sin embargo, la burbuja inmobiliaria y los sustanciosos beneficios que traía asociados estaban entrando en conflicto con el medio ambiente. El territorio se hacía escaso para la voracidad inmobiliaria, y el empleo dependía, como luego se comprobó, de la buena salud de este sector. Numerosos casos de corrupción que han salido a la luz pública, más otros que no han salido pero que lo harán, dan a entender que la agenda política también venía determinada por las voluntades de las empresas de la construcción.

Y en el momento en el que las herramientas democráticas comenzaron a ponerle freno al desarrollo inmobiliario, el Gobierno puso en marcha mecanismos que procuraron destruir estas herramientas. Y a pesar de que la crisis acabó con la primavera constructora, parece ser que el único camino que se dibuja en la cabeza de este gobierno es recuperar esa época dorada siguiendo la misma senda.

Después de que el movimiento de Vilaflor acabó con la terrible idea de instalar torres de alta tensión por la corona forestal, el Gobierno no volvió a ceder jamás ante una protesta popular, por muy masiva que ésta fuera. La lucha contra el puerto de Granadilla ha reunido a muchas miles de personas en numerosas manifestaciones. La última de ellas, convocada por la Comunidad Científica, algo inaudito en la historia de los movimientos sociales. Y ninguna de ellas tuvo respuesta. Las 56.000 firmas que avalaron la ILP que pretendía proteger la zona tampoco sirvieron para que ésta fuera siquiera debatida en el Parlamento.

Todo lo contrario: cuando por fin, y haciendo uso de las herramientas legales aprobadas por el propio gobierno como el Catálogo de Especies Protegidas, se pretendió evitar la destrucción de una de las especies que constituyen uno de los hábitats más importantes del fondo marino canario, la seba, para construir el inútil puerto de Granadilla, el Gobierno optó por cambiar radicalmente la ley y aprobar un nuevo Catálogo de Especies Protegidas de una manera absolutamente oscura, sin participación, desprotegiendo a cientos de especies aún con la oposición de cuantos técnicos y científicos conocían la barbaridad que se estaba pretendiendo aprobar y sus consecuencias para el medio ambiente.

Ahora, tras bastantes años de crisis financiero-económica, nos encontramos con que el Gobierno mantiene su objetivo de desbaratar el marco normativo del que se había dotado previamente. La Ley de Armonización relega las Directrices a una norma que podrá ser modificada sin participación ciudadana, y elimina de ellas todas las consideraciones que ponían restricciones al crecimiento urbanístico y promovían la contención en el derroche de recursos naturales.

La Ley de Renovación y Modernización Turística elimina la moratoria ya que permite la construcción de nueva planta alojativa. Se levanta la moratoria que había sido auntoimpuesta para preservar un territorio que había superado su capacidad de carga, aún cuando esta capacidad de carga ha disminuido tras años de crecimiento incontrolado.

La falta de inversión en las propias áreas relacionadas con el medio ambiente del Gobierno de Canarias, absolutamente infradotadas de personal y recursos económicos, o la adjudicación de todos los temas relacionados con la gestión del territorio al área de Infraestructuras y Transportes es también una estrategia clara de relegación del medio ambiente en las políticas, y de recorte de herramientas de protección contra el modelo de desarrollo que aún se tiene en el horizonte. El Área de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias está absolutamente imposibilitada para defender el medio ambiente.

Todo ello se suma a las disposiciones del Gobierno central: la Ley de Costas que elimina la protección que concedía la anterior ley a la franja litoral; planes para la creación de los llamados ‘Bancos de Biodiversidad’, que comercializan los recursos naturales fomentando la privatización y la mercantilización de la naturaleza y que evitará que se ponga freno a proyectos destructores… Y todo ello acompañado de la conocida como Ley Mordaza, que dificulta enormemente el ejercicio democrático de la protesta ciudadana como respuesta a las agresiones sobre un medio que es público, y por lo tanto, de todas las personas.

Finalmente, y alejándonos un poco más, tenemos que recordar que en estos momentos se está negociando el Tratado Trasaltántico de Comercio e Inversiones, un acuerdo bilateral entre Europa y Estados Unidos que rebajará considerablemente las medidas de protección del medio ambiente y la salud pública comunitarias, que nos estaban sirviendo de amparo y resguardo ante la voracidad de los gobiernos más cercanos.

Este escenario es muy poco romántico, muy pesado de asimilar y posiblemente muy aburrido. Pero sin duda es el que está condenándonos a parchear las consecuencias de este sistema mediante recetas que lo único que hacen es afrontar los síntomas, pero no la causa de la enfermedad.

¿Tenemos la solución? Tenemos varias soluciones, pero todas son complejas y pasan por un cambio de sistema, como venimos diciendo. El decrecimiento es una de ellas, es un concepto complejo por rico y consecuente. Requiere un cambio de actitud personal y un cambio político.

El decrecimiento propone entender que no vale el crecimiento a cualquier precio, que la crisis económica (y mucho menos la crisis ecológica y la social) no se va a superar con políticas neoliberales, pero que cualquier medida que se adopte, también aquéllas que pretendan socializar la riqueza, han de tener en cuenta la sostenibilidad del medio que garantiza la vida.

La palabra decrecimiento da miedo porque parece contraintuitiva. Pero el decrecimiento está asociado al crecimiento en la calidad de vida, en la vida que merece ser vivida, aquélla que no está relacionada con nuestro nivel de gasto. No vayamos a la palabra, profundicemos en su significado. Dediquémosle tiempo a crear el marco que engloba a todas las medidas que permitirán preservar la vida y la biodiversidad. Y no intentemos crear solo paliativos.

Yasmina Encinoso García

Francisco Castro Morales

Ben Magec – Ecologistas en Acción

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Opinión

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