Mar 16, 2015
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Los trabajadores sociales reivindican el carácter público de los servicios sociales

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El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con la celebración el 17 de marzo del Día Internacional del Trabajo Social, reclama a todas las administraciones que garanticen el carácter público de los servicios sociales y exige a los gobiernos estatal y canario, los cabildos y los ayuntamientos que asuman su responsabilidad con los derechos de las personas y su dignidad.

El Colegio hace hincapié en que los presupuestos deben ser el reflejo de una verdadera apuesta por las políticas sociales y reivindica que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma deberían destinar entre el 7% y 15% a servicios sociales, si se quiere dar prioridad a la inversión social. Sin embargo, recuerda que partidas presupuestarias como las de ‘Actuaciones de protección y promoción social’, que engloba los servicios sociales, el fomento de empleo y vivienda, han sufrido este año un recorte del 30% respecto al 2010, unos 233 millones de euros menos.

A este respecto, reclama un aumento de la financiación de cada programa en los Presupuestos de 2016, especialmente las partidas más recortadas: Infancia y familia, migrantes, atención a las emergencias sociales, escuelas infantiles, dotación de Servicios Sociales, y recuerda que, pese a que la partida de servicios sociales y programas de promoción social se ha incrementado hasta llegar a los 281.849.576 de euros en el año 2015, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al año anterior, en 2007 se invertía un 6% más.

En definitiva, considera imprescindible crear fórmulas de financiación objetivas, estables y adaptadas a las características territoriales de Canarias, que garanticen por Ley la responsabilidad pública en las prestaciones sociales básicas a toda la ciudadanía en situación de necesidad, para lograr la universalización de los derechos sociales.

Según los datos oficiales, la precarización del empleo y la devaluación salarial han provocado que la renta media anual de los hogares canarios se haya recortado en 2.300 € entre 2009 y 2013, situándose en 22.037 euros. Es decir, una reducción de la renta media por hogar del 10% en apenas 4 años. Esto ha supuesto que el 35% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social y que haya aumentado la pobreza material severa en 5 puntos, pasando de un 3,5% a un 8,5% de la población.

Prestaciones básicas

El Colegio de trabajo social ve imprescindible dar prioridad a las prestaciones básicas y propone a las distintas administraciones canarias un pacto del mínimos para garantizarlas con un compromiso de financiación del Plan Concertado de al menos el 17% del presupuesto de cada entidad . Recuerda que los ayuntamientos han tenido que asumir el 80% de esta financiación por el incumplimiento del Gobierno central y del Ejecutivo canario, y que la financiación de estas prestaciones básicas cayó de 68 millones y medio en 2009 a 62 millones en 2013. Este recorte contrasta con las 80.000 personas más atendidas y con la reducción de personal del 20% en este período de tiempo.

En este sentido, reivindica el aumento de plantilla hasta contar con una persona trabajadora social para la atención primaria por cada 3.000 habitantes. En la actualidad, el número de personas susceptibles de ser atendidas por cada profesional se sitúa alrededor de las 16.000. Estos datos se desprenden del reciente estudio de la situación de los Servicios Sociales en Canarias realizado por el Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas y Redesscan.

Rentas mínimas

El Colegio constata que las rentas mínimas de inserción están reduciendo su capacidad de protección, porque las diferentes administraciones ponen sus propios requisitos para acceder y mantener las diferentes prestaciones y éstos cada vez son más estrictos. De hecho, la Prestación Canaria de Inserción solo llega a 1 de cada 1.000 hogares sin ingresos, pese a que las personas perceptoras han aumentado un 30% desde 2009 a 2013, pasando de 4.500 a 5.860.

Por esta razón, insiste en la necesidad del trabajo coordinado de todas las administraciones, a las que exige una verdadera apuesta por la igualdad, e insta a que cumplan los plazos establecidos en la Ley, así como a crear un sistema de financiación estable que permita atender a toda la ciudadanía con derecho a percibirla.

Respecto a la aplicación de la llamada Ley de Dependencia, recuerda que en hay Canarias más de 163.000 personas están en una situación de dependencia, de las que el 65% necesita ayuda y cuidados de otras personas. Sin embargo, el 42% no tiene reconocimiento oficial de su situación. Además de que ésta es la Comunidad Autónoma que menos invierte en todo el Estado español en dependencia: solo 39 euros persona al año en el 2013, mientras que la media estatal era de 109,6 euros.

Ante la evidente realidad de la ineficaz aplicación de esta Ley, el Colegio propone que su gestión se integre en el Sistema Público de Servicios Sociales para que sea un sistema aislado, y demanda su cumplimiento en todas sus dimensiones. En definitiva, exige que se acabe con los plazos más largos del Estado y con el mayor número de personas en el limbo de la dependencia. Todo ello, como es evidente, requiere de una financiación estable que deben garantizar las administraciones estatal y canaria.

Ley de Servicios Sociales

El Colegio recalca que la participación activa en la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales es una de las tareas prioritaria de los trabajadores sociales de Canarias, puesto que se trata de nuestro ámbito específico de actuación, en el que hemos de aportar nuestra experiencia profesional. Es por ello que insiste en que esta nueva Ley debe partir de una investigación rigurosa y un diagnóstico previo y completo de la realidad social canaria y debe redactarse desde el consenso.

Finalmente, los trabajadores y trabajadoras sociales llaman a la reflexión a las distintas opciones políticas que se presentan en mayo a las elecciones autonómicas y locales para que defiendan la dignidad de las personas, el valor de lo público y la lucha por la igualdad de oportunidades.

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El Hierro · La Gomera · La Palma · Tenerife

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