Nov 4, 2014
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El Consejo Escolar de Canarias reivindica una inversión mínima en Educación común a todas las comunidades

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El Consejo Escolar de Canarias (CEC) ha reivindicado la necesidad de fijar un suelo de inversión educativa mínima por alumno, común a todas las comunidades autónomas, que funcione de freno ante nuevos recortes presupuestarios y que permita delimitar el umbral de recursos imprescindibles para garantizar la equidad y la calidad del sistema educativo.

Así lo refleja en la tercera parte de su ‘Informe de la realidad educativa canaria, economía y educación’, presentado hoy en la sede de esta institución. Este informe, que parte de un estudio del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna José Ángel Rodríguez Martín, pretende sensibilizar a toda la sociedad sobre la necesidad de invertir «más y mejor» en educación, así como trasladar esta solicitud a los responsables políticos.

En él se plantea como tesis central que la hoja de ruta de la educación y la estructura productiva deben caminar, según el Consejo, hacia la educabilidad (aprender a aprender), la empleabilidad (competencias de las personas para diseñar su carrera profesional de acuerdo con las oportunidades del mercado) y la emprendeduría (capacidad de iniciativa para la búsqueda de constantes oportunidades dentro del mercado).

A juicio del Consejo, «para mejorar los indicadores que sitúan a Canarias entre las comunidades autónomas con peores resultados, la Educación debe lograr un auténtico desarrollo humano. También debe estimular la disciplina, la autonomía y la creatividad, lo que, transferido al sistema productivo, equivaldría a una mayor diferenciación como valor añadido».

Añade que sería necesario que el sistema productivo realice un «arduo» trabajo de diferenciación y competitividad en los sectores especializados en la economía canaria y que se promueva una transformación de la FP que dé respuesta a estos requerimientos.

A los recortes, el Consejo Escolar responde que los cambios necesitan recursos y la reducción de la inversión supone retrasar entre 10 y 15 años los beneficios que el sistema educativo proporciona al productivo. Alerta, además, del potencial efecto negativo sobre la igualdad efectiva de oportunidades educativas que por criterios economicistas o de otra índole, suponen un riesgo para el servicio educativo público.

También se señala que si bien para el CEC es importante garantizar el derecho a la libertad de elección, es necesario garantizar la calidad y equidad del sistema educativo, evitando cualquier tipo de segregación del alumnado en función de variables como el nivel socioeconómico o el origen de los hogares.

Para el Consejo, la sobrecualificación profesional, la precaria situación salarial y el enorme grado de desempleo juvenil, que sigue al alza, son puntos claves que el sistema educativo debe afrontar. «El drama del paro y la pérdida de poder adquisitivo en buena parte de la población hacen inevitable preguntarse cómo formar con ilusión ante tanta precariedad», señala.

INFLUENCIA DE LA ECONOMÍA SOBRE LA EDUCACIÓN

Según se desprende del informe, el retrato económico de Canarias y su relación con la Educación ofrecen un panorama negativo con aspectos muy mejorables en todos los ámbitos (alarmante aumento de paro, disminución de la formación bruta de capital – las acciones que realizan el sistema empresarial y las administraciones para aumentar el potencial productivo, fuerte caída del PIB, alto grado de desigualdad social).

Otro capítulo al que hace referencia es la emprendeduría. En el último ejercicio del ciclo expansivo Canarias se ubicaba por encima de la media nacional. Actualmente, con la supresión o recorte de las líneas de financiación, ha experimentado un descenso del 3,6%, situándose por debajo de la media nacional.

En el apartado de ingresos apunta que también las islas aparecen en los puestos más bajos del Estado, entre las cinco comunidades autonómicas con mayores desigualdades entre los estratos de ingresos altos y bajos y con un salario medio un 15% más bajo que la media nacional.

La elevada tasa de paro juvenil, superior al 50%, es otro de los aspectos que, indica el infome, se han de tener en cuenta a la hora de articular las políticas y los métodos educativos. La mayor parte de los parados (59%) tiene estudios secundarios. En cambio, la mayoría de los demandantes de empleo no tiene estudios o los estudios primarios están incompletos (56,2%).

El índice de pobreza relativa (indicador del porcentaje de estudiantes que no alcanzan la formación mínima) coloca a Canarias en el penúltimo puesto de las comunidades autónomas, una realidad que ratifica el informe PISA 2009, que estima el índice de desarrollo educativo canario en un 57 (España 76 y la media de la OCDE de referente en 100).

A esto hay que sumar otros indicadores que la sitúan por debajo de la media nacional y muy por debajo de la media de la OCDE, por ejemplo en rendimiento (91 de 98) o en excelencia (última posición del estudio de la Asociación de Profesionales por la Ética).

Otra llamada de atención a los poderes (Administración, gobernantes) y a la sociedad canaria es el Informe de la OCDE sobre el panorama de la educación (2008 a 2010). Según este indicador, el 22,5% del colectivo de jóvenes entre 16 a 24 años ni estudia ni trabaja, y el 30,4% abandona los estudios antes de terminar (los porcentajes de toda España se situaron en 20,3 y 28,4).

RECORTES Y RESULTADOS EDUCATIVOS

En cuanto a la financiación pública, el informe analiza el nivel de gasto público realizado, relacionándolo con el PIB, el porcentaje de plazas de titularidad pública y/o concertada y el gasto por alumno escolarizado.

La investigación del CEC demuestra que la educación es uno de los capítulos más habituales a los que las distintas administraciones acuden para recortar el déficit. Así, el gasto anual (sin deflación) ha bajado en -1,03%, a pesar de que el presupuesto de la Comunidad ascendió un 1,47%.

Bajos niveles de gasto público unitario y bajos resultados educativos son las conclusiones de la política de recortes realizada durante la recesión económica. En Canarias, el gasto en enseñanza por hogar se sitúa un 0,75% por debajo de la media nacional debido a que el 80% de la misma es pública. El nivel de gasto público ha ido decreciendo tanto con respecto a su porcentaje del PIB como respecto al presupuesto general de la CCAA.

Su menor inversión en la enseñanza privada y concertada por poseer menos centros de este tipo, no justifica, según el Informe del CEC, la disminución aún más de su gasto público en centros de titularidad pública bajo argumentos de que se gasta menos en centros de titularidad privada (concertada), ya que de por sí su gasto público es muy bajo.

Por otra parte, si se tiene en cuenta la inversión por alumno, el Archipiélago tiene el menor gasto medio tanto en centros de titularidad pública como privada (3ª con menor gasto en Infantil y Primaria, 2ª Secundaria y 6ª en el nivel Superior).

En este estudio se analiza también dónde se realizan los recortes y cuáles son sus consecuencias. De esta manera, se confirma que los principales capítulos que modifican a la baja las distintas comunidades se refieren, sobre todo, a los recursos humanos (menos profesorado, reducción salario, empeoramiento de sus condiciones laborales).

Esta radiografía de la realidad económica y educativa canaria realizada por el Consejo evidencia que la calidad educativa del sistema canario está en riesgo. El balance recursos-resultados la sitúa en posiciones mejorables frente a otras comunidades y países, según los diversos informes. «Pero, en estas circunstancias, es cuando se demuestra que hay que hacer un mayor esfuerzo inversor en el sistema educativo canario, para dar un salto cualitativo y dotar al alumnado de nuevas competencias que garanticen su desarrollo personal, académico y profesional», concluye el CEC.

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Canarias

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