Oct 15, 2014
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El Cabildo de Gran Canaria aumenta en un 38% el empleo de las aguas depuradas para el uso agrícola

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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha señalado este miércoles que el Consejo Insular de Aguas ha incrementado en un 38 por ciento el empleo de las aguas depuradas para el uso agrícola en lo que va de legislatura.

Así lo indicó Bravo de Laguna, en declaraciones a los medios, antes de participar en unas jornadas técnico-económicas en relación a soluciones medioambientales y aguas, ya que la Directiva Marco del Agua para 2015 todas las aguas de la Unión Europea (UE) deberán estar en buen estado, teniendo en cuenta la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el uso del agua para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

En este sentido, Bravo de Laguna consideró que «todo es estudiable» en relación a las pequeñas instalaciones de tratamiento de agua residuales y convertirla en depuradas para núcleos de población reducida, máximo hasta 2.000 habitantes, ya que en Canarias la «escasez de agua no es un tópico, es una realidad».

«Tratamos de mejorar la depuración y el tratamiento del agua porque es fundamental. El ideal es la reutilización con fines agrícolas», subrayó.

Por su parte, el abogado y economista experto en temas legales sobre el tratamiento de aguas en el mercado nacional Santiago Roma indicó que van a presentar un nuevo sistema «muy útil» para los pequeños núcleos de población dando respuesta a la citada Directiva y que se enmarca en el Plan Nacional de la Calidad de las Aguas, que cuenta con un presupuesto de unos 19.000 millones de euros.

El sistema, agregó, consiste en unas plantas del tamaña de un contenedor de 20 pies, que permite una actuación «muy ecológica», ya que se trata de un proceso de aireación continúo y termina con una desinfección con ozono, que es recogido a través del oxígeno del aire que pasando por un circuito eléctrico «pasa de O2 a O3, que es el encargado de desinfectar» para, finalmente, salir un agua «incolora, que reúne las condiciones para ser reutilizada en determinados usos» como el agrícola.

Respecto a los costes que conlleva instalar este sistema depende de la población, de tal forma que para los núcleos de 500 habitantes está estimado entre los 60.000 y 80.000 euros, para después ir variando dependiendo del número de habitantes rondando los 130.000 euros para los 2.000 habitantes aproximadamente. Añadió que los costes de mantenimiento, por su parte, son «muy muy bajos».

Para ello, recordó que existen ayudas europeas, nacionales y autonómicas para poder impulsar este tipo de acciones recogidas en la Directiva europea.

Actualmente, hay comunidades y países que ya disponen de estos sistemas, como Galicia donde dijo que hay casi 300 instaladas, así como en Valencia o Cataluña, además de implantarlas en Portugal o Guinea. En el caso de Canarias consideró que, por el coste del agua, es un «plus muy importante» contar con estos sistemas.

Finalmente, apuntó que el incumplimiento de la Directiva puede acarrear «graves sanciones económicas» que oscilan entre los 10.000 euros al millón de euros, las «muy graves».

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Gran Canaria

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