Sep 19, 2014
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Un informe alerta del «bajo desarrollo» de los servicios sociales en Canarias

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El ‘Índice DEC 2014’, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza de manera cuantitativa los derechos y decisiones políticas, la relevancia económica y la cobertura (DEC), alerta del «bajo desarrollo» de los servicios sociales en Canarias.

De hecho, Canarias ocupa el decimoquinto puesto de la clasificación, con una calificación general de ‘irrelevante’ y una puntuación global de 2,6 sobre 10 puntos, y no alcanza la «excelencia» en ninguno de los tres aspectos estudiados (Derechos y
decisión política, Esfuerzo económico y Cobertura).

En el caso concreto del esfuerzo económico, alcanza 0,9 puntos sobre tres posibles, y el informe señala que las administraciones públicas canarias han reducido el gasto un 5,57% en dos años (31,6 millones), al pasar de 268,06 euros por habitante en 2011 a 253,12 euros en 2013.

El Gobierno aporta el 46,9% del gasto total, y el resto (53,1%), corresponde a las administraciones locales, muy por encima de la media nacional debido al «protagonismo» de los cabildos.

En cuanto a la cobertura, Canarias obtiene 1,7 puntos, tres décimas menos que en 2013, si bien hasta nueve indicadores mejoran. Así, el informe recomienda aumentar el gasto social, avanzar en la Ley de Dependencia potenciando la ayuda a domicilio, incrementar las Rentas Mínimas de Inserción y crear una Ley de Servicios Sociales.

Junto al archipiélago, se sitúan Extremadura, Andalucía, Valencia, Madrid, Murcia y Galicia. «Resulta preocupante que en algunos territorios el índice de pobreza humana (Iph) se incrementa sensiblemente entre 2007 y 2012 y su sistema de servicios sociales presenta un bajo desarrollo», recoge el informe.

Tras aplicar el ‘índice DEC’, sólo País Vasco presenta un nivel de desarrollo ‘medio-alto’ de sus servicios sociales, mientras que siete alcanzan un nivel ‘medio-bajo: Navarra, La Rioja, Asturias, Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha. Tres comunidades tienen una calificación de ‘débil’, como Aragón y Baleares.

En el otro extremo se sitúan País Vasco, Cantabria, La Rioja y Castilla y León, que con buenos resultados en el ‘índice DEC’ han rebajado sus índices de pobreza durante la crisis económica. Hay comunidades con los servicios sociales con bajo desarrollo pero como tienen bajas tasas de desempleo han mejorado el índice de pobreza, como es el caso de la Comunidad de Madrid o de Galicia.

En general, las comunidades autónomas y entidades locales han gastado en servicios sociales 2.212 millones de euros menos en términos absolutos, entre 2011 y 2013.

La principal conclusión de este informe es, según sus autores, que los servicios sociales en España están en «acusado proceso de deterioro» en un momento en que son «más necesarios que nunca ante la crítica situación que viven cientos de miles de familias empobrecidas» como consecuencia de la crisis económica.

Desde 2011, el documento advierte de que el gasto anual por habitante en el conjunto del Estado ha pasado de los 354 euros a los 306,9 euros, es decir, 47,11 menos por habitante y año, lo que representa una reducción del 13,3 por ciento.

Por encima de la media estatal, las comunidades que más han reducido su gasto en servicios sociales en términos absolutos (euros por habitante y año) y relativos son Castilla-La Mancha (-144,8 euros, es decir, un 28,1% menos), seguida de Navarra (-124 euros, un 23,% menos), Murcia (-47,1 euros, un 17,6% menos y Extremadura (-68,4 euros, un 15,3% menos).

«La reducción no es consecuencia de un empobrecimiento de la sociedad española, sino fruto de una menor capacidad o interés de las administraciones públicas para recaudar y distribuir la riqueza a través de políticas sociales dirigidas a las personas y familias más necesitadas», alertan los autores del ‘Índice DEC’.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que el porcentaje de PIB que se dedica a los servicios sociales ha pasado del 1,6% en 2013 al 1,4% es decir, 0,2% menos. Además, advierte de que el porcentaje de gasto que las administraciones dedican a este ámbito sobre el total del gasto público también se ha reducido en 0,4 puntos, pasando del 8,1% en 2011 al 7,7% en 2013).

LOS AYUNTAMIENTOS RECORTAN EL DOBLE QUE LAS CC.AA

Sin embargo, existen diferencias entre este recorte del gasto en servicios sociales de las comunidades autónomas entre 2011 y 2013 y las corporaciones locales, siendo el de las segundas (20,8%) casi el doble que el de las primeras (10,5%) y que, según el documento, «pone de manifiesto que el deterioro es mayor en los servicios básicos de proximidad», cuyo futuro está «amenazado» por la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

La reducción del gasto en 2.212 millones de euros entre 2011 y 2013 afecta, según los autores, a la oferta de servicios y prestaciones del Sistema de Atención a las Personas con Dependencia, que no sólo se nutre de las aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos sino también de la Administración central, donde la «reducción del gasto es más importante aún».

Según el informe, la «expresión más nítida» de esta situación es la «contención» del número de beneficiarios dependientes desde julio de 2012 y la caída por primera vez de los mismos en 2014, que vincula al descenso de prestaciones en el ámbito familiar, los servicios de atenciones domiciliares y la teleasistencia. Los servicios residenciales y en centros de día aumentan, pero en cantidades menos importantes.

Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, un dato «desalentador» es que en los dos últimos años (2013 y 2014) no se ha aprobado ninguna Ley de servicios sociales, ni catálogo ni plan estratégico, excepto en Andalucía –anteproyecto de ley de nueva generación– y País Vasco y Castilla y León –están elaborando sendos planes estratégicos–.

DE LA POBREZA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

El ‘índice DEC’ pone en evidencia las cifras tan dispares que se dan entre comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de sus servicios sociales. Como ejemplo, un trabajador de plantilla en los servicios básicos municipales en Navarra por cada 720 habitantes frente a un trabajador por cada 7.916 habitantes en la Comunidad de Madrid.

Otras diferencias se reflejan en que el 2,5% de la población en La Rioja recibe prestaciones o servicios del Sistema de Dependencia frente al 0,5% de Canarias; o que en el País Vasco se beneficien de las rentas mínimas de inserción uno de cada 16,9 personas y en Castilla-La Mancha uno de cada 355,8 personas.

Según el documento, estas diferencias tienen su origen en el gasto que las administraciones públicas realizan en cada territorio: en el País Vasco asciende a 541,2 euros por habitante mientras que en la Comunidad valenciana es de 196,1 euros; el Gobierno de Asturias financia el 47,5% del gasto de las entidades locales en servicios sociales frente al 8,05% del Gobierno de Aragón.

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Canarias · Gran Canaria · La Palma

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