Jul 28, 2014
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La Junta de Gobierno solicita la retirada de cargos a distintas sindicalistas

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La Junta de Gobierno municipal ha expresado su rechazo a la persecución –en algunos casos penal y en otros policial- que muchos ciudadanos, y particularmente los representantes sindicales, parecen estar sufriendo por ejercer su derecho a huelga en los últimos tiempos. El órgano de Gobierno del ayuntamiento capitalino ha recordado que la huelga en España es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, de modo que tratar de recortar o controlar el ejercicio de este derecho no solo afecta a la libertad sindical, sino a la propia esencia de la democracia, expresada en el texto de la Constitución.

El órgano de gobierno municipal muestra así su preocupación por el creciente número de casos relacionados con este tipo de conflictos, como el del expediente sancionador contra el sindicato EA-Canarias iniciado por la Subdelegación del Gobierno, que impuso una multa de 500 euros por ser los que comunicaron la manifestación celebrada el pasado 25 de enero con motivo de la visita del ministro Wert a La Laguna para la inauguración de la obra de la Catedral.

En este sentido, la Junta de Gobierno ha recordado el caso del procesamiento de cinco mujeres, militantes de Intersindical Canaria, promovido por la Fiscalía y el Juzgado número 8 de Las Palmas. Los supuestos indicios delictivos, según la Fiscalía, fueron realizados cuando, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora del año 2012, las cinco mujeres sindicalistas entraron en las dependencias de la Confederación de Empresarios de Las Palmas y desplegaron pacíficamente una pancarta con la leyenda `Mujeres canarias contra la reforma laboral´. Para estas cinco mujeres trabajadoras la Fiscalía solicita la condena de un año de prisión con suspensión del derecho al sufragio activo, lo que podría parecer desproporcionado a la luz de los acontecimientos. En este caso, la Junta de Gobierno ha solicitado, siempre desde el respeto institucional a cualquier decisión judicial, que se estudie la posible retirada de cargos y el sobreseimiento de la causa iniciada por el fiscal y seguida por el Juzgado de lo Penal de Las Palmas contra dichas sindicalistas.

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Gran Canaria

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