Jul 10, 2014
0 0

El Colegio de Ingenieros Industriales exige la paralización del anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales

Written by
Share

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife (COIITF) ha tenido conocimiento del texto del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que presumiblemente aprobará el Consejo de Ministros este mismo mes. De una primera lectura del mismo, y a salvo de conocer el contenido exacto del anteproyecto que finalmente apruebe el Gobierno, el COIITF exige la “inmediata paralización de su tramitación”.

Los ingenieros industriales tinerfeños consideran, con carácter general, que se trata de un anteproyecto que vulnera gravemente la autonomía de funcionamiento de los colegios, incluida la económica —ya que no reciben ningún tipo de subvención pública—, que pone en peligro la seguridad de las personas, favorece el intrusismo profesional, y crea graves asimetrías entre profesiones técnicas sin proponer ninguna solución a la nueva realidad de titulaciones emanada del proceso de Bolonia.

Aunque en el artículo 20 se establece la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para determinadas actuaciones profesionales, el anteproyecto “ignora el positivo papel de los colegios para proporcionar a sus colegiados tal aseguramiento, en condiciones económicamente accesibles, por la garantía que supone la colegiación para el sector asegurador”.

Respecto del artículo 25.4 (sobre el ejercicio libre de los profesionales legalmente establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea), el COIITF recuerda que “no se puede ignorar que los profesionales españoles (en este caso, ingenieros) legalmente establecidos en este país, encuentran para el ejercicio en la mayor parte de los estados de la UE serias dificultades provocadas por los distintos regímenes de reconocimiento puestos en vigor por las organizaciones profesionales de cada estado”.

Tal y como está redactado este apartado “se genera una asimetría importante a favor de los profesionales foráneos, que sólo puede tener por consecuencia el aumento de las dificultades de nuestros ingenieros en el exterior y el descrédito de su valoración. Máxime cuando aún no se ha resuelto su equiparación con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF)”, afirma el COIITF.

En el caso del artículo 31 (sobre visado) “se establece que las obligaciones deben estar asociadas a la existencia de una relación causal directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas”. Esta clara relación de causalidad fue eliminada con la entrada en vigor del Real Decreto 1000/2010 sobre visados, “a pesar de las enérgicas advertencias realizadas por las distintas organizaciones profesionales de las ingenierías”, sostienen los ingenieros industriales.

“Es más —continúa el comunicado—, el propio RD 1000/2010 contemplaba en su articulado su revisión, en función de este criterio, a los 3 años de su vigencia. Esta revisión, que debiera haberse producido en octubre de 2013 como límite, no se ha llevado a cabo nunca, aunque ha sido reclamada repetidas veces por nuestras organizaciones. El texto del Anteproyecto ignora esta cuestión, que está afectando seriamente a la buena práctica profesional y creando espacios de inseguridad para bienes y personas”.

Las disposiciones adicionales del texto con el que trabaja el Gobierno de España tampoco han dejado indiferentes al colegio de Santa Cruz de Tenerife. Así, la primera (sobre obligaciones de colegiación), fija que para los ingenieros e ingenieros técnicos en régimen de dependencia laboral la colegiación será obligatoria cuando se firmen proyectos o se dirija la ejecución de obras.

“Así debe ser, desde luego, como cuestión de mínimos”, dicen los ingenieros industriales. “Pero no se tiene en cuenta que existe un sinfín de actividades y situaciones en que el ingeniero con dependencia laboral, sin necesidad de firmar proyectos o dirigir obras, incurre en responsabilidades personales ligadas a su carácter profesional que pueden acarrear graves consecuencias para la empresa y para terceros. La colegiación debe ser obligatoria sin la restricción antes mencionada”, exige el COIITF.

En el caso de la adicional octava (sobre la Comisión de Reforma de las Profesiones) “no se entiende que esté constituida exclusivamente por órganos de la Administración, sin participación de las organizaciones profesionales, en las que descansa el conocimiento sobre las profesiones a reformar”.

Finalmente, sobre la que fija la reserva de funciones en el ámbito de la ingeniería, “sorprende que parece indicar que los principales problemas de atribuciones están entre las distintas ingenierías, cuando el más grave de estos problemas se sitúa entre las ingenierías y la arquitectura, debido al desafortunado criterio reflejado en la Ley 38/1999 (Ley de Ordenación de la Edificación) que asocia las reservas de actividad al uso de las edificaciones”.

Article Categories:
Canarias

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 
Share