Jul 8, 2014
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El Parlamento aprueba la primera ley canaria de Educación

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parlamento-de-canarias-actual El Parlamento de Canarias aprobó este martes, sin el apoyo del Grupo Popular, la Ley Canaria de Educación no universitaria, por la que se configura el nuevo sistema educativo de las islas a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por más de 35.000 firmas que entró en la Cámara en 2010.

Uno de los principios de este sistema educativo será la calidad, entendida como garantía de «la equidad y la excelencia», así como el aporte de medidas para evitar que las desigualdades económicas y sociales limiten las oportunidades de aprendizaje.

Asimismo, se recoge en la Ley «la mejora continua de los centros y servicios educativos; así como la educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad».

Dentro de estos principios rectores también se encuentran la corresponsabilidad de todos los agentes educativos, y la cooperación entre las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales para impulsar el desarrollo, la investigación y la innovación.

La Ley canaria de Educación no universitaria, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2014, consta de un preámbulo, siete títulos, setenta artículos y un conjunto de disposiciones generales destinadas a facilitar la implantación de la ley.

LEY HISTÓRICA

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez ha calificado como «hito histórico» la aprobación de la ley, y ha dicho que la fragmentación territorial y las condiciones específicas de las islas «justifican la necesidad de un texto que convierte las singularidades en fortalezas».

«Esta Ley marca uno de esos momentos en los que los pueblos forjan su futuro. Con este texto la sociedad canaria apuesta por el progreso y por un horizonte esperanzador, que se alcanzarán gracias al amplio conjunto de planes de mejora del sistema educativo que permite poner en marcha esta normativa», ha indicado.

Su objetivo, ha explicado el consejero, es facilitar que el sistema educativo pueda contribuir activamente a desarrollar un modelo social y económico inteligente y sostenible, orientado hacia una mayor cohesión social en las Islas.

El texto nace con la finalidad de preservar la equidad del sistema educativo e incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, nacionales y autonómicas, así como actualizar la normativa de carácter propio actualmente vigente.

Pérez ha destacado el hecho de que el texto haya nacido a partir de una Iniciativa Legislativa Popular, lo que, considera, «supone toda una novedad en lo que leyes autonómicas educativas se refiere en todo el Estado».

Su aprobación ha obtenido un amplio consenso social y político, como demuestran el Dictamen de la Comisión de Estudios del Parlamento de Canarias y el documento de Acuerdo del Consejo Escolar de Canarias para un Pacto por la Educación, así como la propia Iniciativa de 2010.

El vicepresidente ha recalcado también la importancia de reforzar el valor de la educación para el progreso de Canarias y ha asegurado que, para ello, es necesario un nuevo reparto de responsabilidades entre los agentes educativos.

Ha considerado asimismo que «hay que hacer un reparto justo de las oportunidades y de los riesgos», y atender así a las características propias del sistema educativo, que, ha indicado el Gobierno, «justifican la necesidad de esta Ley».

SINGULARIDADES CANARIAS

La fragmentación del territorio, que obliga a una respuesta educativa concreta en cada una de las islas, y las condiciones sociales y económicas del archipiélago son dos de las singularidades a las que ha hecho mención el consejero en su defensa de la nueva normativa.

También ha apuntado, «la historia y la cultura de un pueblo próximo a tres continentes obliga a considerar la integración social, cultural y educativa».

El texto establece la necesidad de que el Gobierno autonómico y las corporaciones locales coordinen sus actuaciones, pudiendo establecer convenios que permitan la delegación de competencias de gestión de determinados servicios educativos en municipios, con el fin de lograr la mejor coordinación y control social en el uso de los recursos.

La Ley incorpora además nuevos entornos digitales que facilitan el aprendizaje, con un espacio virtual único, a recomendación de la Unión Europea.

Asimismo, incorpora un nuevo ordenamiento de los espacios físicos tradicionales, definiendo el concepto de mapa escolar e incorporando tres nuevos espacios: las Áreas Territoriales (islas), los Distritos escolares y las Zonas educativas.

La escuela canaria definida por la Ley es, informa el Gobierno, «inclusiva, respetuosa con las diferencias y comprometida con una equitativa distribución de las oportunidades de aprendizaje», con una orientación hacia la modernización tecnológica y el aprendizaje.

La ley reconoce, asimismo, la libertad de enseñanza del profesorado, reconociendo su autonomía, a la vez que favorece su promoción profesional sin necesidad de cambio del cuerpo docente al que se pertenece.

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Canarias · La Palma

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