Jun 9, 2014
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Peritos del Banco de España confirman en la AN que no hubo irregularidades en la gestión de Banca Cívica

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Peritos del Banco de España han confirmado este lunes en la Audiencia Nacional que no hubo irregularidades en la fusión de Caja Navarra, CajaCanarias, Caja Burgos y Cajasol que dió lugar a Banca Cívica ni en la posterior salida a Bolsa y absorción por parte de Caixa Bank, han informado fuentes jurídicas.

«No hay información en el sumario, procedente del Banco de España o de los auditores, que cuestione la razonabilidad de las cuentas anuales de 2010 que sirvieron de base al folleto de la OPS», indican los peritos en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los expertos, que han ratificado ante el juez Eloy Velasco las conclusiones de su informe sobre la gestión del grupo, han confirmado que las cuentas de las cajas reflejaban de manera adecuada la situación patrimonial y han agregado que las operaciones de integración se hicieron con arreglo a la normativa internacional.

El informe explica que, con motivo de la incorporación de Cajasol, la entidad presentó un plan de integración al Banco de España en el que contemplaba un apoyo del FROB mediante la suscripción de 977 millones de euros en forma de preferentes convertibles.

El Banco de España valoró el plan de integración diseñado por KPMG y Analistas Financieras Internacionales (AFI), considerándolo consistente y razonablemente viable, y calificó a las entidades de «fundamentalmente sólidas», cuyos equipos directivos tenían una capacidad «satisfactoria y adecuada» y con «experiencia probada en el sector», indica.

TRATOS DE FAVOR

Los peritos también han descartado la existencia de tratos de favor a familiares de miembros del Consejo de Administración del banco. «Tras el análisis de 60 operaciones que tienen relación directa o indirecta (vínculos familiares, sociedades) con 14 miembros del consejo de administración y 9 de la comisión de control, los peritos concluyen que hasta 2009 no existen «irregularidades relevantes para afirmar» que algunos de ellos «han recibido un trato favorable en la concesión y en la evolución de dichas operaciones» ni han sido clasificadas como morosas o dudosas.

Sin embargo, precisan que no pueden valorar el periodo entre 2010 y 2011 «por falta de entrega de información» y tampoco las operaciones entre Caja Navarra a través de la corporación industrial y las sociedades de Goñi por «falta de remisión de documentación».

El juez admitió su competencia para investigar a los antiguos gestores de Banca Cívica tras una querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) por los delitos de administración fraudulenta, falseamiento contable, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida, entre otros.

La querella hacía referencia al cobro indebido de dietas, el falseamiento de la contabilidad, cuentas confeccionada ‘ad hoc’, minusvaloración de activos, despatrimonialización con inversiones favoreciendo a personas ligadas a las que deciden en la entidad bancaria y compras de terrenos a precios muy superiores a los de mercado.

BÚSQUEDA DE LIQUIDEZ

Todo ello, según UPyD, habría determinado un grado tal de insolvencia que obligó a Caja Navarra a buscar liquidez externa por una triple vía: fusión con otras tres cajas bancarias, recabar ayudas públicas del FROB y concurrir al capital privado saliendo a Bolsa, «de modo y manera que lo último es antecedentes y consecuencia de lo primero», según apunta indiciariamente el juez.

Según los denunciantes, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a bolsa en julio de 2011, «con el correspondiente quebranto patrimonial».

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Canarias

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