Jun 4, 2014
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El Comité de Empresa de Medio Ambiente acusa al Gobierno canario de desmantelar los serivicios

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El Comité de Empresa de Medio Ambiente de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias ha acusado al Ejecutivo autonómico de desmantelar los servicios, apuntando que la crisis económica ha sido «una oportunidad» para que «pueda desmontar un sector incómodo para determinados intereses» económicos y políticos.

En este sentido, matizan que la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha visto reducido su presupuesto en un 90 por ciento en los últimos seis años, pasando de 116,2 millones de euros en 2008 a los 10,8 millones en 2014.

Asimismo, resaltan que «más del 40 por ciento de los puestos del personal funcionario técnico se encuentra vacante y sin perspectivas, ni interés de ser dotados», lo que subrayan afecta «a la cobertura de jefaturas técnicas y además se mantienen dos tercios de la plantilla en régimen de contratación laboral» repercutiendo en el «deterioro» del servicio público y «en los plazos de resolución de las autorizaciones ambientales».

Además, el Comité indica, en un comunidado, que la «única» iniciativa legislativa que impulsa el Gobierno de Canarias, con el consejero del área a la cabeza, el socialista José Miguel Pérez, y su viceconsejera Guacimara Medina, «es la de sustraer y vaciar parte de la actividad de la Viceconsejería de Medio Ambiente», ya que puntualizó que la Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y los recursos naturales, en tramitación parlamentaria, «entre otras ocurrencias, contempla la privatización de la evaluación de impacto ambiental, la competencia más sensible» de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

De esta manera, inciden, se va a permitir a los promotores «con más recursos económicos que contraten empresas privadas» para realizar la evaluación ambiental y preparar la autorización de sus proyectos. «Esta es la propuesta de los socialistas en el Gobierno –regional–, autorizaciones ambientales para ricos y a la carta», apostilló.

A ello, suma que el proyecto de ley también plantea capacitar a las empresas del Gobierno para el ejercicio de funciones técnicas y jurídicas en los expedientes administrativos ambientales y en el planeamiento territorial y urbanístico, por lo que consideran que los intereses políticos y económicos «confluyen en una iniciativa para sortear los controles objetivos de los servicios públicos de medio ambiente y ordenación territorial».

También critican que no se haya aprobado «ni una sola de las propuestas de socialistas y nacionalistas en el acuerdo de gobernabilidad y compromisos parlamentarios (2011)», tales como la Ley de protección del medio marino, Ley de Parques Nacionales, Ley del patrimonio natural y la biodiversidad o Ley de montes, entre otras.

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Canarias · La Palma

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