May 13, 2014
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Canarias busca «soluciones» para regular las viviendas vacacionales pero advierte de que son «ilegales»

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El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente Armas, ha dicho este martes en el Parlamento que el Ejecutivo está «estudiando a fondo» la situación de las viviendas vacacionales, que son «ilegales», así como la búsqueda de «posibles soluciones».

Ricardo Fernández de la Puente Armas comenzó su intervención destacando que en la actualidad, «no existe, dentro de la regulación de alojamientos turísticos de la comunidad autónoma de Canarias, la tipología de vivienda vacacional y por tanto, no se dispone de un registro».

En su opinión, «las viviendas o habitaciones que se alquilan por días o semanas para uso turístico al margen de una regulación específica turística, constituyen una realidad que se ha visto incrementada estos últimos años con las nuevas facilidades de comercialización que Internet ofrece propiciando un auge considerable de este tipo de alojamiento a nivel global».

El viceconsejero de Turismo precisó que en el caso de Canarias, existe normativa turística que regula este sector, concretamente la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo en Canarias, dónde se definen las distintas tipologías turísticas de alojamiento amparadas por la normativa, «entre las que no se encuentra la vivienda vacacional, por lo que la oferta actual de este tipo de alojamiento carece de cobertura legal produciendo situaciones de competencia desleal».

Por otra parte, y durante su intervención en Comisión de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas explicó que la ciudad de Nueva York ha prohibido el alquiler de este tipo de viviendas para uso turístico poniendo como ejemplo «que alguien tenga un coche no la da derecho a realizar el servicio de taxi sin licencia».

De igual forma, el viceconsejero enumeró los perjuicios que podrían derivar de la continua proliferación de las viviendas turísticas y el por qué esta oferta debe ser controlada, y aludió a razones de veracidad y transparencia «porque la realidad que encuentra el turista a su llegada no siempre coincide con lo ofertado».

En cuanto a la seguridad jurídica, señaló que «al no estar regulada esta oferta y no depender de la administración correspondiente el turista no puede reclamar, quedándoles sólo la vía judicial, más lenta y costosa».

ESTUDIA A OTRAS CCAA

El viceconsejero se refirió además a razones de seguridad ciudadana ya que estas viviendas no hacen rellenar la ficha de policía, y por tanto sus inquilinos no están controlados por las fuerzas de seguridad del Estado y también a la normativa sectorial, ya que «el sector del alojamiento regulado tiene que cumplir con normativas que todos los niveles como la sanidad, seguridad contra incendios, seguridad de edificios o normativas de piscinas», que las viviendas de uso turístico no tienen obligación de cumplir al no estar reguladas.

Por ello, indicó que el Gobierno de Canarias está estudiando la regulación de otras comunidades autónomas respecto a este asunto como son Cataluña, Andalucía o Asturias para buscar una «posible solución» que se pudiera aplicar en Canarias sin «dañar» la calidad del destino turístico.

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Canarias

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