Mar 28, 2014
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Canarias recurre ante el Tribunal Constitucional la reforma local

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El Gobierno de Canarias ha acordado este viernes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local al entender que invade competencias exclusivas contenidas en el Estatuto de Autonomía.

El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, ha indicado en rueda de prensa que el objetivo que persigue el Gobierno de España con esta ley es “modificar el modelo de Estado reduciendo el papel de los ayuntamientos, sobrecargando a las comunidades autónomas con competencias municipales y propiciando la privatización de servicios en beneficio de empresas privadas y perjuicio de la ciudadanía”.

“Por ello, el Gobierno de Canarias insta al Tribunal Constitucional con este recurso la depuración de los preceptos de la Ley que menoscaban la autonomía local, garantizada constitucionalmente, así como aquéllos que invaden competencias de Canarias”, precisó Marrero.

Según explicó el portavoz, el Ejecutivo canario considera que la Ley de Racionalización “lesiona con especial incidencia” competencias de la Comunidad Autónoma en materias como la sanidad, la educación y los servicios sociales, incluidas en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía como competencias exclusivas.

Martín Marrero quiso recordar que la reforma local fue aprobada “sin negociación” y está “contestada” desde distintos sectores por los “problemas de aplicación” que está teniendo y porque “desborda” el marco constitucional de la autonomía local y autonómica. Añadió, además, que la norma “ha sido recurrida ya por diputados y senadores, así como por entidades locales y otros gobiernos autonómicos, algunos de ellos gobernados por el PP”.

Para el portavoz autonómico, “la aplicación práctica de esa reforma estatal resulta tan farragosa, que causa inseguridad jurídica a las administraciones locales, a los ciudadanos y las empresas prestadoras de servicios”.

Asimismo, asegura que el contenido de la Ley “afectará a la prestación de servicios públicos básicos para los ciudadanos, principalmente en el área social y con incidencia en el empleo”, lo cual, dijo, “es doblemente grave en una situación como la que padece el país”. “No sólo servicios sociales, sino otros como el transporte, el asesoramiento a los consumidores o el empleo y la formación, se verán limitados por la nueva norma estatal”, remarcó.

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