Dic 23, 2013
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El TS impone una fianza de 6.000 euros a IU para que ejerza la acusación contra Zerolo (CC)

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 ceroloEl magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela ha impuesto una fianza de 6.000 euros a Izquierda Unida (IU) para que ejerza la acción popular en la causa que se sigue contra el senador de Coalición Canaria (CC) y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, al que se investiga por un presunto delito de prevaricación.

 

El juez, que ha finalizado la instrucción y preguntado a las partes si debe sentar al parlamentario en el banquillo de los acusados, considera que la caución impuesta no constituye “obstáculo insalvable para el ejercicio de la acción popular”.

Los hechos por los que Zerolo es investigado se remontan al año 2003 cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz vio la necesidad de realizar obras de acondicionamiento en el edificio de oficinas municipales que tenía en la calle General Antequera, y para permitir estos trabajos se decidió habilitar como sede provisional de estas oficinas la antigua sede del Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos García Cabrera, en el barrio de Ofra.

Según los hechos recogidos por el juez Varela, el entonces regidor decidió solventar los “múltiples reparos” formulados en torno a la adjudicación, ejecución y abono de los trabajos llevados a cabo por la empresa IMES -más tarde denominada IMESAPI S.A.- en el edificio sede del Instituto para su acondicionamiento como ubicación de las oficinas municipales.

El instructor sostiene que la empresa desempeñó las obras de mantenimiento, aunque las ejecutadas sobrepasaron “de manera inequívoca” tal concepto. Cuando presentó facturas para el cobro de las obras que iba ejecutando, la Intervención de Fondos municipal formuló sendos reparos.

Además de contra Zerolo, la causa se dirige contra el exprimer teniente de alcalde de Santa Cruz Guillermo Núñez y el exdirector general de Coordinación Joaquín Castro. El Senado ya concedió el pasado julio el suplicatorio para Zerolo, después de que el senador pidiera aceptarlo para poder demostrar su inocencia.

NO SE SIGUIÓ EL PROCEDIMIENTO LEGAL

A pesar de la entidad y el elevado coste de las obras, la instrucción recoge que en ningún momento se siguió el procedimiento legalmente exigible para su aprobación ni se convocó concurso para su adjudicación y contratación. De este modo, no se elaboró un proyecto por el servicio competente.

Cuando la Intervención emitió sus primeros reparos ante la falta de los requisitos esenciales, el querellado, tras un informe propuesta del entonces director general de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios Desconcentrados, Joaquín Castro, resolvió la discrepancia por decreto y acabó suscribiendo el contrato administrativo con la empresa.

También alzó los reparos de la Intervención en torno a los abonos de las facturas y las pretensiones de modificación contractual. Según el juez, el querellado era “plenamente consciente” de la ilegalidad de su proceder que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención.

“Dicha ilegalidad era nítidamente perceptible por quien se encontrase mínimamente habituado con la actuación administrativa municipal en tal área. Más por quien fuera Alcalde muchos años e incluso si tuviera la condición de licenciado en Derecho”, recoge.

Los informes producidos para generar una “artificial discrepancia” se producían por quien ostentaba un cargo de confianza en cuanto Director General que aceptó su confección y suscripción a pesar de la ilegalidad de la actuación que los Reparos de la Intervención debían suspender, concluye.

En su querella el Ministerio Fiscal, relataba que el consistorio acordó rehabilitar el instituto para dejarlo en disposición de acoger los servicios municipales sin tramitar el correspondiente expediente de contrato de obras, soslayando los principios de publicidad, libre concurrencia y economía, y sin seguir el procedimiento establecido para este tipo de contratos. Añadía que los reparos formulados por la Intervención de Fondos del Ayuntamiento obligaban a suspender la tramitación del expediente hasta que el alcalde los solventase o resolviera la discrepancia.

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Gran Canaria · Islas

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