Dic 16, 2013
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co.bas Canarias alerta de los peligros que conlleva la pérdida de la sanidad universal con un pasacalles

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IMG-20131216-WA0012Los portavoces del sindicato insistieron en que esta política de dejar sin tarjeta sanitaria a personas que viven en el territorio canario y del Estado español en general, conlleva riesgos de propagación de enfermedades contagiosas, sobre todo en un entorno donde aumenta la malnutrición debido a los constantes recortes con la consiguiente bajada del nivel de salud general, sobre todo en niños y ancianos. De hecho, enfermedades como la tuberculosis, que se creían erradicadas, están volviendo a aparecer.

Según co.bas Canarias, al final, esto traerá consigo un aumento en los gastos de la sanidad pública, con lo cual, ni siquiera por el concepto economicista del ahorro, se justifica la medida. Y eso se debe a que, el único motivo real que se esconde detrás de las mismas, es la privatización del servicio.

Lo cierto es que no lo dicen sólo las organizaciones como co.bas. “Mientras que la reciente resolución de la ONU insta a los gobiernos a acelerar el progreso hacia el acceso universal a servicios de salud asequibles y de calidad, el Gobierno español, saltándose el procedimiento parlamentario, promulgó un Real Decreto para limitar el acceso a los servicios gratuitos en el lugar de prestación, menoscabando el principio de cobertura universal”. Así arranca un artículo publicado en el último número de la prestigiosa revista The Lancet, especializada en salud, titulado ‘Erosión de la cobertura universal de atención sanitaria en España’.

A partir de ahí, se despacha aportando números que ilustran este menoscabo de la atención sanitaria por las políticas de recortes del Gobierno que preside Mariano Rajoy y del Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato: “Los presupuestos de salud y de servicios sociales españoles han sido objeto de grandes recortes (13,7% en 2012 y 16,2% en 2013), con algunas regiones imponiendo reducciones presupuestarias adicionales”.

Los autores del artículo, expertos en el sistema sanitario español de seis instituciones científicas nacionales y extranjeras, destacan que tras el Real Decreto aprobado en septiembre de 2012 más de 870.000 personas quedaron fuera de esta cobertura integral.

Con la nueva ley, aseguran, las personas que pierden el derecho a la atención integral sólo la conservan si son menores de 18 años, durante el embarazo, parto y postparto, y en caso de urgencia por una enfermedad o lesión grave. Sin embargo, hay demasiados obstáculos: “Médicos del Mundo ha documentado 1.192 casos de personas que no pudieron obtener atención médica por la falta de documentación, por interpretaciones contradictorias del Decreto y en algunos casos por algún tipo de discriminación y racismo”.

Según estos expertos de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, ese cambio legislativo podría tener “graves consecuencias para la salud de la población, especialmente en relación con la tuberculosis y la infección por el VIH”. Además, puede poner en peligro el acceso a servicios de salud mental y frente a drogodependencia de poblaciones vulnerables como son las personas sin hogar.

Las críticas continúan. Frente a la resolución de la ONU que reclama que se evite tener que pagar en los lugares de prestación de servicios de salud, el Gobierno español ha introducido el copago de determinados tratamientos: “Los pensionistas tendrán que pagar una parte creciente del costo de los medicamentos. Desde octubre de 2013, los pacientes con hepatitis C, VIH, artritis reumatoide y algunos tipos de cáncer también tendrán que pagar el 10% de los costos de su tratamiento en las farmacias del hospital, hasta 4,20 euros por prescripción”, denuncia el texto.

Los autores recuerdan que el 17% de los pensionistas no pudo completar su tratamiento debido a su elevado costo, según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública. “Incluso pequeños gastos son una barrera para un tratamiento eficaz”, concluyen. El texto también recuerda que los niños están en una situación de especial vulnerabilidad.

Por último, los autores denuncian que cada vez hay más pruebas de que las medidas de austeridad adoptadas por España y otros países europeos están “amenazando la salud de sus ciudadanos”. “Todavía hay tiempo para salvar el sistema sanitario español y revertir las restricciones que limitan la protección universal. Es posible restablecer el acceso universal y gratuito a los servicios de salud de calidad, de acuerdo con la resolución de la ONU”, aseguran.

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