Dic 13, 2013
0 0

Canarias toma en consideración el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales

Written by
Share

El Consejo de Gobierno de Canarias ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias con el fin de adaptar diversas leyes en vigor que requieren ahora su actualización para una mejor aplicación efectiva.

De esta manera, el nuevo texto, que será remitido a los órganos consultivos, abarca varios ámbitos y modifica distintas disposiciones normativas.

Estos cambios afectan principalmente a materias de hacienda; agricultura, ganadería y alimentación; obras públicas, transportes y política territorial; vivienda; asociaciones y juventud; políticas de igualdad; empleados públicos de la comunidad autónoma; y tasas y precios públicos.

Las medidas previstas en el área de hacienda se refieren, entre otras, a la actualización de la estructura y régimen jurídico de los órganos económico-administrativos con el objetivo de simplificar su organización y mejorar su funcionamiento.

Así, del segundo apartado destaca el cambio en los procedimientos para las autorizaciones de las explotaciones ganaderas así como la determinación del régimen de algunos consejos reguladores de denominación de origen.

La actuación en materia ganadera va dirigida a que el Ejecutivo pueda acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones cuya superficie se haya incrementado con posterioridad al 15 de mayo de 1999, fecha de la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias.

En muchos casos estos incrementos son producto de una evolución lógica y moderada de la explotación de ganado. Además, frecuentemente, han sido inducidos por actuaciones de la propia administración, dado que al ser instalaciones dadas de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias son tuteladas e inspeccionadas por los Servicios de la Dirección General de Ganadería, en relación a la adaptación de los sistemas productivos, sanitarios y de bienestar animal en relación con la normativa sectorial emergente.

Con el texto actual se puede dar la circunstancia que una explotación que haya intentado mejorar técnicamente, donde se ha producido un incremento de superficie de sus instalaciones y edificaciones de una manera racional, se ve imposibilitada para su regularización al haber aumentado la misma con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo de Ordenación del Territorio,

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Por su parte, en materia de Política Territorial, el nuevo texto legislativo establece criterios de interpretación de la normativa existente, por cuanto la práctica diaria en su aplicación hace aconsejable proceder a la clarificación de la intención del legislador en la redacción de diferentes artículos.

Como ejemplo, aclara el contenido que han de tener los Planes y Normas de los Espacios Naturales, que tendrán el contenido propio de los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN) requeridos por la legislación básica, ordenando de forma directa o, en su caso, en desarrollo y complemento de lo establecido en el Plan Insular de Ordenación.

Asimismo, la presente Ley aclara los órganos competentes para evaluar el interés general y criterios para autorizar la tramitación de los Proyectos de Actuación Territorial (PAT), y, en cuanto a la rehabilitación turística, dispone, entre otros preceptos, que “el incremento de edificabilidad será igualmente admisible en parcelas con establecimientos turísticos que pretendan la mejora de sus zonas comunes, sin aumento de la capacidad de plazas establecida, cuando así lo prevea el planeamiento o el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, sin que en ningún caso se supere el doble del coeficiente de edificabilidad de la parcela”.

Además, la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales modifica la Ley de Puertos de Canarias, para aclarar que el plazo por el que se otorguen las concesiones administrativas no podrá exceder el máximo establecido en la norma reguladora del dominio público marítimo-terrestre.

El Capítulo III de la nueva Ley, en el que se incluyen las citadas modificaciones a la normativa de Ordenación Territorial y Puertos modifica, por último, el área de Transportes, destacando por su importancia los cambios en el régimen sancionador aplicable a las infracciones en el transporte por carretera, con el fin de atemperar la respuesta legal ante la grave situación por la que atraviesa el sector, equiparando las consecuencias sancionadoras a las que ya han acogido otros territorios autonómicos.

Unas sanciones que se graduarán de acuerdo con la repercusión social del hecho infractor, la intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido y la reincidencia o habitualidad en la conducta infractora.

Article Categories:
Canarias

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 
Share