Oct 2, 2013
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Registradas 2.200 firmas ciudadanas en tres días con las alegaciones contra las prospecciones petrolíferas en Fuerteventura y Lanzarote

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prospeccionesEl registro oficial del Cabildo de Fuerteventura contabilizó unas 2.200 firmas registradas durante los tres últimos días de la semana pasada avalando las alegaciones contra las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote en multitud de escritos, que ahora serán remitidos a los Ministerios de Industria y Medio Ambiente del Gobierno de España. En esta cifra de firmas no se incluyen las registradas las semanas previas durante las que ha permanecido en exposición pública el Estudio de Impacto Ambiental de las prospecciones, ni las presentadas ante la Delegación de Gobierno u otros registros oficiales.
En las alegaciones se reclama al Gobierno de España “que suspenda de manera inmediata toda tramitación relativa de los permisos Canarias 1 a 9 incluida la actual Evaluación de impacto ambiental y conforme a lo expuesto se desestime definitivamente su realización en consonancia con las decisiones de las Instituciones Canarias, el respaldo mayoritario de la sociedad de las Islas, el principio de precaución y el resto de la normativa de protección ambiental”

Estas alegaciones ciudadanas se realizan en relación al Estudio de impacto ambiental y los Informes de implantación de los sondeos proyectados frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote (BOE 31/07/2013 página 39863). En ellas se defienden unas Islas Canarias que no estén sujetas a la amenaza de riesgos catastróficos en la perforación petrolífera. “Lo ocurrido en el Golfo de Méjico en 2010 puede ocurrir en Canarias (p.e. el pozo Zanahoria 1 es un 20 % más profundo) y sin embargo el Estudio de impacto ambiental excluye indebidamente esta posibilidad. Un vertido como ese llegaría a todas y cada una de las Islas y arruinaría nuestra forma de vida y los ecosistemas de los que dependemos. No tiene sentido jugar al azar con la calidad de vida”, se advierte.

También se recuerda que somos un archipiélago de grandes riquezas y muy vulnerables a una catástrofe. “Sin embargo el Estudio de impacto ambiental no valora el alto grado de sensibilidad a la contaminación de hidrocarburos que tienen nuestro sistema de abastecimiento; el turismo del que depende nuestra economía; la pesca de la que nos alimentamos; y los ecosistemas marinos y costeros que comprendes una biodiversidad de importancia mundial, protegida y con numerosos endemismos”.

Los firmantes del texto alertan “sobre la singular dependencia de la desalinización de agua marina que para su forma de vida tienen Fuerteventura, Lanzarote y en general toda Canarias. La contaminación costera por hidrocarburos tendría efectos catastróficos sobre el aprovisionamiento de agua potable en las islas”.

Demanda por lo tanto “un respeto estricto a la legitimidad democrática y lealtad institucional. Las instituciones de Fuerteventura y Lanzarote, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias, han reiterado a través de múltiples formas su oposición clara y contundente a estas actividades petrolíferas. Este posicionamiento legítimo y democrático no ha sido respetado por el Gobierno de España, primando los intereses económicos de la multinacional petrolera”.

Pide además que se respete la dignidad del pueblo canario en su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos (art. 23 CE). Los pozos petrolíferos proyectados son el fruto de unos permisos adoptados sin información ni participación pública (Real Decreto 1462/2001 y Real Decreto 547/2012). Esto es contrario al Convenio de Aarhus de 1998 y las normas que lo desarrollan que exigen la participación del público en las decisiones con incidencia ambiental.

Reivindican también el interés general de la población canaria y su forma de vida frente al beneficio privado de Repsol. “Máxime cuando estamos ante una multinacional sin política fiscal accesible y con presencia en paraísos fiscales (Informe 2011 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa). Además Repsol pretende justificar el proyecto diciendo que un yacimiento podría reducir la dependencia energética española sin un análisis económico riguroso que fundamente y cuantifique la afirmación”, señalan en las alegaciones.

Los mares, océanos y sus fondos son bienes de dominio público en los que debe prevalecer el interés general de la seguridad y las actividades sostenibles, sin que tenga sentido beneficiar a un multinacional para arriesgar a la población y a la naturaleza canaria y de Marruecos. Los recursos naturales deben utilizarse para cumplir nuestros compromisos con el aumento de las energías renovables y reducción de las emisiones con efecto invernadero.

“Exigimos la más estricta objetividad al Gobierno en la tramitación administrativa. Es una actividad sesgada y parcial manifestar que la Evaluación de impacto ambiental no puede impedir la realización de los pozos petrolíferos, impulsar los expedientes sin necesidad de que los solicite Repsol, asumir lo que propone Repsol sin informes técnicos, u ocultar información. La Administración se debe a la ciudadanía no a las multinacionales aunque se digan españolas”, advierten en el texto.

Demandan, finalmente, “la aplicación estricta de los principios de precaución y de protección ambiental. El Estudio de impacto ambiental plagado de omisiones, indefiniciones, aspectos a desarrollar o preliminares que impiden conocer todos los riesgos y poder alegar. Consideramos una dejación de funciones que no se haya rechazado de oficio un Estudio de impacto ambiental que no se justifica, ni cumple las mejores técnicas y tecnologías disponibles, las mejores prácticas ambientales, un riesgo tan bajo como sea factible y una aplicación correcta de la aproximación del peor de los casos. Repsol ni tan siquiera pretende cumplir con los estándares que tiene que cumplir en Estados Unidos”.

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