Ago 29, 2013
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Continúa la tramitación del anteproyecto que modifica la Ley de Prestación Canaria de Inserción

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El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la lista de evaluación del anteproyecto por el que se modificará la Ley de Prestación Canaria de Inserción (PCI), un documento con el que se pretende actualizar la regulación legal de la prestación económica de inserción social en el archipiélago.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa, la consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo autonómico, quien ha explicado que se busca dar cumplimiento a los objetivos planteados en la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano, para que se pueda atender a aquellas necesidades más perentorias y a los casos más vulnerables en situación de exclusión social.

En concreto, ha señalado que la modificación de la Ley tendrá como objeto ampliar el colectivo destinatario a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social; garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda que supone la PCI, estableciendo por ley un plazo de cuatro meses para resolver las solicitudes.

A ello se une la búsqueda de la simplificación de procedimientos y acortar tiempos de respuesta, para lo que se intentará conseguir una mejora de la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión.

Según la consejera, esta Ley se puso en marcha en un momento de estabilidad económica, por lo que ahora hay que replantear el perfil de personas protegidas por esta prestación, ya que existen solicitantes que, si bien no se pueden incluir dentro del colectivo de la exclusión social, no llegan a cubrir las necesidades básicas al no percibir ningún recurso y haber agotado el resto de prestaciones económicas del sistema público.

Asimismo, ha agregado que es “indispensable” procurar una respuesta más “inmediata y efectiva” a los solicitantes, agilizando el actual procedimiento mediante la simplificación de trámites y documentación a presentar.

Paralelamente, ha apuntado que la Ley debe responder a la actual realidad de las familias canarias, con especial consideración de aquellas personas solicitantes, mayoritariamente mujeres, con niños menores de edad a su cargo.

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Canarias

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