Ago 26, 2013
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Corrales considera que el procesamiento de Zerolo por el Tribunal Supremo deja claro los graves chanchullos cometidos en el “Caso García Cabrera”

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El concejal de Por Tenerife-Verdes en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel Corrales, señala que el procesamiento para inculpar al senador de CC y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, por un posible delito de prevaricación relacionado con las obras que se realizaron en un edificio municipal (el denominado caso García Cabrera), supone la constatación del cúmulo de chanchullos que padeció la ciudad en los mandatos anteriores.

Esta inculpación tiene su origen en la querella admitida por el Tribunal Supremo a partir de una denuncia del colectivo “Justicia y Sociedad” ante la Fiscalía Anticorrupción contra los responsables municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz por presunta prevaricación y malversación en la adjudicación a Imes SA, sin concurso público y contra los reparos de Intervención, de la reforma del antiguo instituto Hermanos García Cabrera, de Ofra, a la que destino 5,5 millones de euros (casi mil millones de las antiguas pesetas).

El expediente del García Cabrera se inició en 2005 con una primera adjudicación de 371.628 euros a Imes que se incluyó en el contrato de mantenimiento de edificios que dicha empresa tenía con el Ayuntamiento y contra el criterio del Interventor Municipal, que advirtió expresamente de su ilegalidad al tratarse de una obra mayor y de gran reforma (no simple mantenimiento) por lo que debía salir a concurso público, sin que, además, se hubiese tramitado expediente administrativo de contratación ni previa declaración de urgencia.

En el auto del Tribunal Supremo, el juez Luciano Varela señala que Zerolo pudo cometer el citado delito al dictar “resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento”.

El concejal de Por Tenerife-Verdes José Manuel Corrales recuerda que pese al reparo formulado por el Interventor, el entonces alcalde santacrucero Miguel Zerolo, ordenó la continuación del expediente de pago, levantando dicho reparo gracias a un informe favorable de los asesores jurídicos del Ayuntamiento. Para el colectivo denunciante Justicia y Sociedad, es precisamente, a raíz de este Informe Jurídico y la “atropellada” tramitación del inicial expediente de pago donde comienzan a tomar cuerpo las graves irregularidades que definieron el denominado “caso García Cabrera”.

Este asunto turbio salió a la palestra cuando, en mayo de 2006, se hizo público un informe firmado por estos mismos letrados municipales, fechado el mismo día que el anterior y que fundado en la misma jurisprudencia llegaba a una conclusión totalmente opuesta, es decir, que la adjudicación a dedo era irregular porque se trataba de una obra mayor y no podía incluirse en el contrato de mantenimiento.

Pese al escándalo suscitado por la publicación de ese “primer” informe, lo que motivó, incluso, que se creara una Comisión de Investigación, las obras continuaron ejecutándose sin contrato, ni proyecto hasta que el 26 de diciembre de 2006 la Junta de Gobierno local adopta un acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1,7 millones de euros para las obras acometidas del 1 de enero al 31 de julio y, al mismo tiempo, se adjudica a IMES, “a dedo” y de forma retroactiva, esto es, con fecha 1 de agosto de 2006, las obras que se venían ejecutando y las que restaban por ejecutar. Las graves irregularidades detectadas fueron reparadas por Intervención siendo levantados los reparos por el propio alcalde.

El concejal de XTF José Manuel Corrales ya denuncio de forma reiterada que los hechos eran de una gravedad incuestionable ya que las obras han sido ejecutadas sin la previa tramitación de expediente administrativo conforme a la legislación vigente en materia de contratación pública, omitiéndose trámites legales esenciales en el expediente tramitado con posterioridad a la ejecución de obra, se han fraccionando en fraude de ley el objeto del contrato, se han ejecutado sin la existencia y previa dotación de crédito presupuestario, así como sin la preceptiva fiscalización de los actos que han dado lugar a las obligaciones y compromisos derivados, no se ha declarado de forma expresa y previa su urgencia, restringiéndose de forma abierta y manifiestamente ilegal el principio de libre concurrencia, y todo ello, por importe total que asciende a 5.476.522,5 euros.

El colectivo Justicia y Sociedad, que también ha ejercido la acción popular, entre otras causas, en el conocido caso ‘Las Teresitas’, afirmo en este caso que “las graves irregularidades cometidas implican por su misma gravedad, así como por su continuidad y reiteración, que estemos ante conductas que trascienden del ilícito administrativo, y ello es así, puesto que no estamos ante meros incumplimientos puntuales sino ante flagrantes ilegalidades que evidencian una sistemática, deliberada y persistente actuación antijurídica”.

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Canarias

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