Ago 6, 2013
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González Ortiz acusa al Estado de ‘entorpecer’ el pago a proveedores

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El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, ha acusado al Estado de exigir e impedir “a la vez” el pago a proveedores a 30 días, pues prevé sanciones similares al incumplimiento del déficit que llegan a la intervención de las cuentas autonómicas.

Javier González Ortiz ha indicado en un comunicado que el Gobierno de España exigirá a las comunidades autónomas un máximo de 30 días como periodo medio de pago a proveedores, según dispone el anteproyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Sin embargo, el consejero ha criticado que al mismo tiempo el Estado impide el cumplimiento de este precepto debido al retraso que causa su propio procedimiento para el abono de facturas a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) junto a la negativa de permitir a Canarias acudir a los mercados para captar la financiación necesaria.

El anteproyecto, que fue expuesto por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas durante el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera, establece graves sanciones que pueden llegar a la intervención de las cuentas autonómicas en caso de no satisfacer el plazo de pago estipulado.

González Ortiz ha aclarado que la nueva legislación modifica la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para equiparar la gravedad del incumplimiento del periodo medio de pago propuesto con la vulneración del objetivo de déficit.

Según el anteproyecto, cuando se supere el plazo durante dos meses consecutivos será el Ministerio de Hacienda quien intervendrá el plan autonómico de tesorería, fijará el importe que la comunidad debe dedicar mensualmente a estos pagos y dictará los recortes de gastos y los incrementos de ingresos que considere oportunos.

De forma paralela, prevé iniciar un procedimiento por el que retendrá a las autonomías los ingresos del sistema de financiación –que son los que sufragan los servicios públicos esenciales–, de forma que con esas cantidades el Ministerio pagará directamente a los proveedores. Además, contempla la retirada de las competencias sobre los tributos cedidos que pasarán a ser ejercidas por el Estado.

De persistir el incumplimiento, añade el consejero, el siguiente paso sería un depósito a modo de multa del 0,2 por ciento del PIB como antesala del envío a la Comunidad Autónoma de una “comisión de expertos” que, en la práctica, supone la intervención de las cuentas públicas.

“DESPROPORCIONALIDAD E INJERENCIA”

González Ortiz conforme con implementar la máxima agilidad en el abono de las facturas a los proveedores, pero no comparte la “desproporcionalidad” de estas medidas “preventivas y coercitivas” en las que ve “dudas razonables” sobre su constitucionalidad y que suponen una “clara injerencia” de la autonomía financiera.

A juicio del consejero, “el Estado debería sustituir las amenazas por facilitar soluciones efectivas para captar liquidez y eliminar las trabas que actualmente interpone para que las autonomías puedan lograr este plazo medio de pago”.

Ortiz citó el caso del FLA, cuyo procedimiento impide cumplir con este mandato al provocar retrasos “innecesarios”. Según este mecanismo, es el Estado quien tramita finalmente las facturas –aunque a cargo del presupuesto de la Comunidad Autónoma– lo que demora el cobro hasta en 60 días, situación que “podría evitarse si se transfiriera el dinero a las islas para el abono directo a los proveedores”.

El consejero destacó que siendo Canarias una de las autonomías con mejores índices en los plazos de pago, éstos mejorarían si el FLA, además de corregir su actual procedimiento, ampliara sus fondos para cubrir la totalidad de las necesidades de financiación.

“En su defecto –agregó– no es coherente ni razonable que, al mismo tiempo, el Estado nos impida obtener liquidez negándonos la autorización para acudir a los mercados a captar esa financiación, pues el Ministerio de Economía y Competitividad denegó a Canarias la suscripción de un préstamo extranjero por importe de 500 millones de euros”.

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Canarias

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