Jul 9, 2013
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Martín deberá explicar por qué no se encargó informe jurídico sobre las consecuencias de las subcontrataciones ilegales en Emmasa

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El teniente de alcalde, concejal responsable de los servicios jurídicos y miembro del consejo de Emmasa, José Ángel Martín Bethencourt (PSOE), deberá explicar en la Comisión de Control del próximo jueves 11 de julio por qué no ha encargado a Isabel Cubas, la nueva jefa de los servicios jurídicos que él dirige, un informe sobre las consecuencias legales de los incumplimientos contractuales entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y Sacyr Vallehermoso para la gestión de la Empresa Municipal de Aguas (EMMASA).

La comparecencia del responsable de los servicios jurídicos ha sido solicitada por José Manuel Corrales, concejal de XTF-Verdes que también le ha exigido por escrito al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), que solicite ese informe jurídico.

Corrales alerta que el informe existente se le ha encargado al “coleccionista de imputaciones” (caso Las Teresitas, caso Parque Marítimo, caso Siliuto…), Víctor Reyes que es, ahora, responsable de Servicios Públicos a las órdenes del concejal Dámaso Arteaga (CC), también imputado, y antes era responsable de Urbanismo a las órdenes de Luz Reverón (primero de CC y ahora del PP), también imputada, y luego a las órdenes de Martín, “que va camino de meterse en el mismo lodazal”.

Reyes no sólo es “artífice de la mayoría de los pelotazos en esta ciudad, antes con Zerolo, y ahora”, si no que, además, Reyes miente descaradamente en su informe.

Corrales denuncia que en su informe de Reyes no sólo asegura que las subcontrataciones son por servicios accesorios, “lo cuál no es cierto ya que son servicios fundamentales incluidos en el ciclo del agua” si no que, además, “se inventa la ley al asegurar que las subcontrataciones de accesorios sólo se multan lo cuál no es cierto”. Corrales explica que ambos tipos de subcontrataciones están penadas en la ley como “muy graves” y se contempla, en ambas, la resolución del contrato y la recuperación de la empresa por incumplimientos flagrantes. Además, “Si una subcontratación es considerada como “muy grave” por la ley, el principio legal de proporcionalidad no deja lugar a dudas: 13 subcontrataciones significan la resolución del contrato”.

Para Corrales, Reyes, imputado en la mayoría de casos de corrupción en Santa Cruz, es la demostración de que todos los “pelotazos” están “interconectados” ya que “hay que recordar que el dinero de Emmasa para el Plan de Barrios fue a parar directamente a los bolsillos de los artífices del “pelotazo de libro” de Las Teresitas. Pero las conexiones no se quedan sólo en Santa Cruz: Sacyr es la empresa que más pagos realiza en sobres al PP, según los papeles de Bárcenas que han demostrado que Gürtel sólo es una de las ramificaciones de la financiación ilegal del PP. Uno de los protagonistas de Gürtel es Ángel Luís Bracho Pacheco, imputado en una de sus subtramas, el caso Brugal, que no sólo se sienta en el consejo de administración de Emmasa con Dámaso Arteaga y José Ángel Martín si no que es apoderado de cuatro de las filiales de Sacyr que esta empresa ha subcontratado ilegalmente.

Corrales asegura que el pelotazo en Emmasa es sencillo de entender: “Privatizan un servicio público, que al ser un servicio esencial no tiene porque dar beneficios pero los daba, y, en manos de Sacyr-Vallermoso, empieza a tener pérdidas porque esta empresa se dedica a subcontratar, de manera ilegal, los servicios. Encima los subcontrata a sus filiales que le cobran a la empresa matriz un precio muy superior al del mercado, con lo cual este parásito que es Sacyr desangra Emmasa, llena sus arcas privadas a través de sus filiales y no sólo vacía las arcas públicas si no que vacía los bolsillos de la ciudadanía que está sufriendo un servicio paupérrimo, pero no lo vamos a permitir”.

Desde XTF- Por Tenerife se insiste en que “hay que echarlos” y por eso proponen “tomar la iniciativa” y crear un frente político, social y ciudadano que lleve a los corruptos a dónde tienen que estar. XTF exige que el Ayuntamiento de Santa Cruz recupere el 100% del servicio público del agua que, como todo bien público, es esencial y nunca se debió privatizar.

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