May 23, 2013
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El Cabildo de Tenerife espera que el convenio con el Gobierno de Canarias para la Dependencia se haga efectivo a primeros de año

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El vicepresidente primero y consejero de Bienestar del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, ha informado hoy de que el objetivo de la Corporación insular para 2014 en materia de Dependencia es que el convenio con el Gobierno de Canarias se haga efectivo desde los primeros días del año.

«En 2013 ya hemos dado un salto importante firmando en el mes de mayo, pero el colectivo que nos ocupa no entiende de fechas ni de plazos, por lo que todo avance es poco cuando se trata de conseguir y de asegurar su bienestar», señaló Abreu tras la firma del convenio de Dependencia entre las administraciones insular y regional.

El consejero explicó que en virtud del mismo se realizarán los pagos correspondientes a las entidades que gestionan los recursos de las personas dependientes en la isla, es decir, de los mayores y los discapacitados.

Asimismo, se mostró «convencido» de que la presión que se ha ejercido desde los cabildos «ha dado sus frutos». «Pero no podemos confiarnos y debemos seguir trabajando para conseguir un marco financiero estable, con plazos más razonables que los que actualmente tenemos», añadió.

En este sentido, manifestó que los cabildos han acordado reunirse de forma mensual, de manera que en el mes de noviembre de 2013 tengan cerrado el marco presupuestario y actualizada la legislación necesaria para que el convenio de 2014, con los diferentes cabildos, entre en vigor el día 1 de enero.

«Esta exigencia está en la voluntad política de los siete cabildos y el Gobierno debe cumplirlo. No se nos debe someter, nunca más, a la presión inhumana, injusta e impresentable a la que se nos ha sometido hasta ahora», subrayó.

Para el consejero, «con este convenio estaremos dignificando la política con hechos», algo que, en su opinión, «no está haciendo el Partido Popular», pues «está dando auténticos hachazos al estado de bienestar».

Por ello, apostó por articular un sistema de cobro bimensual, que permita a las entidades tener un «colchón económico» que «las proteja y no las obligue a recurrir a pólizas de crédito asfixiantes a las que no podrán hacer frente».

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