May 20, 2013
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Sí se puede denuncia que las cifras de pobreza en Canarias demuestran el rotundo fracaso del modelo neoliberal

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La Comisión de Derechos Sociales de Sí se puede, a través de su portavoz Conchi Pérez, denuncia que las cifras que ofrece el reciente Informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) acerca de Canarias, situándola como la comunidad que lidera el aumento de la pobreza en el Estado español, demuestran el rotundo fracaso del modelo neoliberal.

El informe del IVIE demuestra que entre 2008 y 2011 la pobreza en Canarias creció hasta el 21%, cifra que la propia Consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, cuestionó afirmando que es aún mayor, según los datos que el Gobierno canario maneja.

La organización ecosocialista considera que esta situación se agrava por el dramático recorte de los sistemas de protección social y, en particular, del sistema público de servicios sociales, que han llevado a cabo tanto el gobierno estatal como el ejecutivo autonómico.

Sí se puede explica que la drástica reducción de la aportación estatal al Plan Concertado de Prestaciones Básicas en Servicios Sociales y los recortes y retrasos en el abono de subvenciones a las entidades colaboradoras están llevando al cierre de recursos o a la reducción de la calidad de los servicios, algo que perjudica directamente a miles de personas. Esta situación se verá agravada por la pérdida de competencias municipales que prevé el borrador de la reforma de Ley de Bases de Régimen Local,la cual afectará especialmente al ámbito de los Servicios Sociales dejando sin competencias a los Ayuntamientos con menos habitantes.

“En vez de reforzar las respuestas a la población ante el aumento de la pobreza, en los últimos años se han producido recortes de la prestación y subsidios por desempleo y se ha demostrado la ineficacia de la Prestación Canaria de Inserción”, asegura Pérez. Denuncia asimismo la nefasta gestión de los derechos derivados de la Ley de Dependencia en Canarias: se han formulado más de 40.000 solicitudes en las Islas y solamente 14.465 personas se han beneficiado de las prestaciones o servicios.

Desde la Comisión de Derechos Sociales reclaman un sistema de garantía de rentas que asegure a las personas la satisfacción de sus necesidades desde una lógica de autonomía y dignidad. “Ante los elevados niveles de pobreza y desempleo, en lugar de adelgazar el Estado Social, se debe reafirmar que la razón de ser de los gobiernos es garantizar el bienestar de la ciudadanía y no de los mercados”, afirma la portavoz ecosocialista. Para ello proponen una batería de medidas que incluyen –entre otras- la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, la articulación de un sistema de viviendas de alquiler social utilizando el parque de viviendas vacías, el establecimiento de sistemas locales de alimentación basados en la puesta en producción de terrenos baldíos, huertos urbanos y sistemas de intercambio directo entre productores y consumidores, la creación de empleo potenciando las energías renovables, los servicios personales, el turismo sostenible y la promoción de procesos de autogestión ciudadana.

Se trata, afirma Conchi Pérez, de mirar de frente las causas de los problemas. La crisis se ha convertido en la excusa perfecta para justificar las maniobras de privatización de los Servicios Sociales y Sociosanitarios y para desviar dinero público que se invertía en ofrecer servicios a las personas al pago de deudas de bancos y empresas. No debemos consentir que nos confundan planteando que la limosna disfrazada de solidaridad es la solución a los problemas sociales. Reclamamos un Sistema de Servicios Sociales Público y un modelo de colaboración de los gobiernos con las iniciativas sociales basados en el reconocimiento de los derechos sociales de las personas y con dotación económica suficiente para ofrecer herramientas efectivas de cara a responder a las situaciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social.

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