May 13, 2013
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¿Qué hacer con las Autonomías tras la encuesta del CIS?

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Domingo Garí

El debate sobre los poderes territoriales es un tema recurrente en la historia de España. Fue el centro de disputas políticas a lo largo de los dos últimos siglos, y parece que vuelve a serlo a comienzo de este.

Por lo que respecta a este momento no es descartable la idea de concebir el rebrote del asunto como la aproximación final a la segunda restauración borbónica, comenzada con la muerte de Franco (1975) y sancionada en la Constitución de 1978. La primera fue la que tuvo lugar en 1874 tras la destrucción de la primera república y la vuelta de la dinastía borbónica con el correspondiente turno de partidos (liberal y conservador), que tanto nos recuerda este turno de partidos de hoy entre el PP y el PSOE.

En este tiempo que nos toca vivir ahora, el debate de los poderes territoriales y de cómo encajarlos en el estado unitario tuvo lugar desde la misma muerte del dictador y quedó resuelto, o al menos a medio resolver, tras la aprobación de la Constitución de 1978. Las tensiones que entonces se dibujaban eran las reclamaciones nacionales en las periferias del estado, particularmente de vascos, catalanes, canarios y, en menor medida, gallegos. El resto de las autonomías se inventaron para mantener la uniformidad (reclamación de la derecha franquista de la época) del estado en cuanto a descentralización y para rebajar las aspiraciones nacionales de las periferias.

Algunas autonomías se impulsaron específicamente para contener a otras. Así ocurrió en Andalucía, cuya reclamación autonomista fue impulsada desde el aparato de estado para contener a los catalanes, y las otras de la meseta central para equilibrar territorialmente los poderes descentralizados y neutralizar a las periferias. Era el famoso café para todos que inventó el Ministro Adjunto para las Regiones, el andaluz Clavero Arévalo. La idea funcionó unas décadas, pero a la larga no a todo el mundo el café le sienta bien, puede irritar el esófago y producir acidez, y entonces hay que pasarse a la manzanilla.

Poco más o menos es esto lo que está pasando en este ciclo ¿terminal? de la segunda restauración borbónica. Ya nadie en la meseta, en parte del levante, en el norte y el sur, quiere autonomía y las mayorías sociales se decantan por volver al centralismo. Así vemos como en Madrid y Valencia lo demanda el 56% y cifras similares cuando no mayores en ambas Castillas, la cornisa cantábrica y Extremadura. En Galicia prefieren quedarse como están (49%) o en su caso si hay que reformar estarían a favor de perder autonomía en beneficio de más centralización (31%). Así mismo en Andalucía optan por quedarse como ahora (46%) o devolver poder al centro (28%)

La otra tendencia que parece cobrar fuerza es la reclamación de mayor autogobierno que claramente es muy mayoritaria en Cataluña y Euskadi, incluso con demanda de estado propio para un alto porcentaje de población, estando la suma de ambas opciones por encima del 50%. En Canarias existe una polarización evidente entre las opciones que baraja la población. Mayoritariamente los isleños prefieren quedarse como están (41%), o tener menos autonomía (27%), pero ¡ojo! tener más autonomía o ser un estado propio suman un 21%, lo cual es una cifra verdaderamente alta, teniendo en cuenta que estas opciones no tienen valedores políticos ni organizaciones de peso que las impulsen.

Visto lo visto y si vuelve a abrirse el proceso de reforma territorial sería bueno que, en esta ocasión, Canarias no quedase postergada como ya ocurrió durante el debate autonómico de 1979-83, cuando el Archipiélago quedó disminuido en el artículo 143, que era como situarla en el vagón de cola del autonomismo y mantenerla alejada del reconocimiento de nacionalidad o comunidad histórica que sí tuvieron gallegos o andaluces con menos razón objetiva y subjetiva que los canarios, y que les permitió acceder a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución, gozando de una amplia autonomía que sus poblaciones respectivas no demandaban o si lo hacían era en mucho menor medida que la isleña.

Las fuerzas centrífugas y centrípetas están enzarzadas en una nueva disputa, y ya veremos como resuelven el asunto. Pienso que en las comunidades en donde el centralismo goza de amplia mayoría y se denosta el autogobierno, debe de haber una retrotransferencia hacia el centro y una disolución de dichas instancias políticas, y reforzar el poder de las diputaciones y delegaciones del gobierno como órganos de descentralización administrativa del estado central. En las nacionalidades en donde el deseo de autogobierno prima debe desarrollarse el potencial autonómico (federal) en consonancia con las aspiraciones manifestadas por dichas mayorías sociales.

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Opinión

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