May 9, 2013
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Pymes e importadores critican los argumentos del Gobierno canario sobre el AIEM y se muestran en contra de su prórroga

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La Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) y la Asociación de Importadores de Productos de Alimentación y Consumo del archipiélago han criticado este jueves los argumentos empleados por el Gobierno regional para que el Ejecutivo central apruebe un nuevo Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM) y se han mostrado en contra de su prórroga.

   En concreto, el presidente de Cecapyme, Prudencio Lorenzo, recordó que el denominado AIEM comenzó en 2002, si bien hubo un impuesto parecido entre 1991 y 2001, y concluyeron en 2011, pero se prorrogaron hasta 2013 para finalizar el 31 de diciembre de este año.

Lorenzo explicó, en rueda de prensa, que esta ayuda ha permitido al Ejecutivo canario introducir unos impuestos a la importación con los que ha recaudado desde 2002 hasta ahora 1.400 millones de euros, es decir, unos 130 millones de euros anuales.

Al respecto, aseguró que les «sorprende» que el Gobierno de Canarias proponga al Ejecutivo central volver a crear esa ayuda de Estado a partir de 2014, cuestión que tiene que debatir la Unión Europea (UE), pero incidió en que lo hace con los «mismos argumentos» de 2002 cuando desde entonces, añadió, «no se ha solucionado el problema de la competitividad» en el sector.

Además, agregó, que los 1.400 millones de euros que ha recadado el Gobierno canario en estos años, los «ha pagado el consumidor», de ahí que incidió en que «es imposible bajar» el precio de la cesta de la compra porque los operadores tienen un impuesto del 15 por ciento, que se podría incrementar al 17 por ciento, ya que cuando se importa un producto se le aplica el AIEM pero al venderlo a la cadena comercial, en sus márgenes, «vuelve la ganancia a aplicarla sobre la base, que ya está aplicada», de ahí que aumente.

Por ello, consideran que esta ayuda «hay que dejarla morir» para «no seguir penalizando a todos» los ciudadanos del archipiélago con el AIEM, que califican como «una desventaja» con respecto a la Península.

Por su parte, el presidente de Honor de Cecapyme, Antonio Rodríguez, se remitió al artículo 46 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se hace referencia al Régimen Económico y Fiscal (REF), para matizar que el AIEM «va en contra» de lo que se dice en el mismo, ya que en este articulado se incide en que el archipiélago «goza de un régimen económico especial (…) basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolio y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo».

En este sentido, Rodríguez puntualizó que las franquicias «es la exención» que se concede para no pagar derechos por las mercancías que se introducen o se extraen, por lo que incidió en que no se tendría por qué pagar.

INDUSTRIA E IMPORTACIÓN

Por otra parte, Prudencio Lorenzo destacó que mientras la industria disfruta de ayudas que van directamente al transporte y a la producción, no ocurre lo mismo con la importación, aunque reconoce que hay que proteger la industria pero considera que «no de esta forma porque es inoperante».

La representante de la Asociación de Importadores de Productos de Alimentación y Consumo de Canarias, Marisa Galarza, incidió en que el AIEM «atenta contra el derecho de la libertad de elección» de los importadores, así como de los ciudadanos de las islas.

En cuanto a los argumentos del Gobierno canario que asegura que el AIEM ha tenido unos efectos «beneficiosos» para mantener la industria en las islas, cuestionó en cuánto ha influido el AIEM en la economía del archipiélago, especialmente en el sector turístico; así como cuánto encarece la cesta de la compra dicho impuesto.

Para Galarza «es un despropósito y una vergüenza» que el Gobierno canario pretenda mantener el AIEM.

Así, el presidente de dicha Asociación, Pedro Peña, consideró que en estos años se ha producido una sobreprotección del sector industrial, principalmente, a empresas con accionistas mayoritarios multinacionales y con volúmenes de beneficios que «ni siquiera son invertidos en Canarias».

Agregó que en ciertos sectores industriales también se ha favorecido, de alguna manera, el oligopolio, tales como en empresas de helados o cerveza.

RECAUDACIÓN DEL AIEM

Por su parte, la secretaria de Cecapyme, Pilar Tabar, se remitió al Informe Tomillo donde se encuentran los argumentos del Gobierno de Canarias y expuso, a modo de ejemplo, la recaudación que obtiene el Ejecutivo autonómico con el AIEM.

Al respecto, señaló que se prevén introducir nuevos tipos, de tal forma que muchos productos que estaban al 5 por ciento pasarán al 15 por ciento. En este sentido, y a modo de ejemplo, ironizó que productos «tan lujosos» como la panadería y galletas donde los consumidores canarios pagan actualmente 7,5 millones de euros y, según la propuesta del Ejecutivo canario, se pagarían más de 15 millones de euros.

Añadió que «lo mismo ocurre» con el agua mineral donde se pasaría de pagar unos 5,5 millones de euros a 11 millones de euros, al incrementar los tipos uno 10 por ciento.

En cuanto a los argumentos que expone el Gobierno canario se encuentra la necesidad de proteger a la industria por la reducción de la dimensión del mercado, lo que Tabar dijo «afecta a todos» no sólo el sector industria; o los sobrecostes de la ultraperiferia tienen mayor coste para la industria la energía, las instalaciones múltiples, sin embargo según el informe «todos los costes de insularidad y lejanía son superiores en el sector comercial que en el industrial».

Por ello, apuntó, van a presentar acciones y están recurriendo a la política nacional y europea para intentar evitar que se prorrogue este impuesto.

Finalmente, Prudencio Lorenzo afirmó que estarían «dispuestos a aceptar que se graven aquellos productos que se fabriquen en Canarias, que tengan producción suficiente para mantenerlo».

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Canarias · Gran Canaria · La Palma · Tenerife

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