Abr 22, 2013
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España: AI pide que cese la estigmatización contra miembros y simpatizantes de la PAH

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Amnistía Internacional (AI) lamenta y considera graves las declaraciones que diversas
autoridades y algunos miembros del Partido Popular están realizando contra las
protestas pacíficas protagonizadas en su mayoría por miembros y simpatizantes de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por ello, la organización se ha
dirigido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría para pedirle
primero que no se admitan los ataques contra todo un colectivo que reivindica sus
derechos y que se reconozca la legitimidad de sus reivindicaciones, y segundo, que
no se restrinja el derecho de libertad de expresión y manifestación pacífica.
Defensores y defensoras de derechos humanos
Amnistía Internacional está preocupada por el intento de estigmatización a todo un
colectivo con acusaciones genéricas de “pertenecer a organizaciones filoetarras”,
“utilizar prácticas nazis”, e incluso que se pidan “medidas contundentes por parte de
las fuerzas de seguridad del Estado”, con el propósito de deslegitimar unas
reivindicaciones, que, por supuesto, son legítimas.
La Asamblea General de Naciones Unidas en su Declaración sobre el derecho y
deber de los individuos, los grupos e instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,
recuerda que toda persona, individual o colectivamente tiene derecho a participar en
el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos, lo que comprende
presentar críticas y propuestas, y llamar la atención contra cualquier aspecto que
pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos
humanos y libertades fundamentales.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un informe
de 2013, ha recordado que ninguna persona puede ser criminalizada o sujeta a
amenazas o actos de violencia, persecución, intimidación o represalias por denunciar
violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta pacífica.
“Lo que es imprescindible es que el Estado adopte medidas eficaces para reconocer
la legitimidad de este colectivo y de sus reivindicaciones”, manifestó Esteban Beltrán,
director de Amnistía Internacional España.
Protestas pacíficas
Amnistía Internacional considera que la protesta social, sea en la forma que sea y
siempre que se lleve a cabo de forma pacífica, es un derecho inalienable. Amnistía
Internacional le recuerda al Gobierno que el derecho internacional de los derechos
humanos no permite, y muchos menos establece, la restricción a la libertad de
expresión, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las
autoridades digan que constituye un riesgo para el orden público. Tanto la
jurisprudencia internacional como el propio Tribunal Constitucional han reiterado que
los responsables políticos deben aceptar las críticas, aunque sean ingratas, molestas
o incómodas.
“Para Amnistía Internacional sería desproporcionado prohibir el derecho de
manifestación, incluso aunque se realice cerca de los domicilios privados de los
actores a los que quieren transmitir su mensaje, crítica o protesta”, señaló Esteban
Beltrán.
Por los derechos humanos en todo el mundo
Premio Nobel de la Paz 1977. Declarada de utilidad pública (Acuerdo Consejo Ministros 31 julio 1981)

El derecho de manifestación pacífica está reconocido en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos, de los cuales España es Estado parte. En consecuencia, el
Estado español tiene la obligación de garantizar el ejercicio pacífico a la libertad de
expresión.
Tanto las Directrices sobre Libertad de Reunión de la OSCE como la Comisión
Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una
“manifestación pacífica” puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u
obstruyan temporalmente actividades de terceros, e incluso que lleguen a ser
hostiles. El Tribunal Europeo también tiene sentencias en esta misma línea.
Dichas directrices reconocen que las autoridades pueden imponer límites relativos a
“el tiempo, el lugar y la manera”, siempre y cuando dichas restricciones no sean
puestas a priori, se ajusten a estricta necesidad y proporcionalidad, y no vacíen de
contenido la motivación o el objetivo de la protesta.
Peticiones al Gobierno
Amnistía Internacional ha pedido a la vicepresidenta de Gobierno, en su labor de
coordinadora y portavoz del Ejecutivo, que:
• No admita declaraciones estigmatizadoras por parte de autoridades del
Estado y miembros del PP contra todo un colectivo que reivindica sus
derechos.
• No permita medidas restrictivas contra el derecho de manifestación pacífica,
aclarando la veracidad de la orden del Ministerio del Interior de no permitir
concentraciones a menos de 300 metros del lugar de residencia de los
políticos de manera generalizada. En caso de que esta orden se haya
producido, la medida sería desproporcionada.
• Tome acciones efectivas para que medidas administrativas o sancionadoras,
como la aplicación de multas,

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Nacional

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