Mar 7, 2013
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Trabajadores del servicio de mantenimiento de Gran Canaria aseguran que se pretende privatizar su labor en hospitales

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Los trabajadores del servicio de mantenimiento de Gran Canaria han acusado este jueves al Gobierno regional de querer privatizar la labor que ellos llevan a cabo en los hospitales y centros de salud de Atención Primaria.

En concreto, aseguran que existen unos pliegos técnicos preparados para sacar a concurso el servicio de mantenimiento integral de los hospitales, así como de las instalaciones técnicas de los mismos, la gestión y facturación de la energía en todas sus variantes, y la gestión y el ahorro de la implantación de medidas de eficiencia energética.

Todo ello, según subrayan los sindicatos en un comunicado, «en contra de la opinión e informes técnicos detallados y contrarios, de los ingenieros y técnicos de los hospitales».

Asimismo, señalan que se pretende que una empresa privada se convierta en «intermediaria» entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y las empresas suministradoras de energía y los hospitales Dr. Negrín, Materno e Insular, todos ellos en la isla de Gran Canaria.

En este sentido, puntualizan que la facturación energética supone unos 70 millones de euros en cinco años, por lo que de contratar una empresa privada implicará «unos 2 millones de euros en comisiones».

A ello, añaden, que la empresa se haría cargo del mantenimiento, gestión, control y suministros de los servicios de mantenimiento, lo que supondría unos 17 millones de euros en cinco años, además de que «se beneficie del ahorro energético producido en cinco años».

Al respecto, aseguran que la gestión de los pliegos las realiza «un profesional de privatizaciones públicas en la península que trabajó cuatro años en Capio Sanidad y ahora contratado por la Consejería de Sanidad en situación de dominio en los servicios de mantenimiento de todas las instituciones del SCS».

Ante esta situación, los trabajadores muestran su oposición «a que se entreguen las instalaciones técnicas públicas» del servicio sanitario de la isla, así como que una empresa privada «haga negocio con la sanidad pública canaria», ya que todo ello conllevará una «reducción inmediata» de puestos de trabajo, además de «cambios sustanciales» en las condiciones y retribuciones del personal fijo.

Asimismo, supondría una «dejación de los recursos propios y un grave quebranto» a la economía del SCS, que cuenta con «todos» los medios, además de «deteriorar los niveles de calidad y seguridad asistencial» porque, insisten, en que las empresas privadas «sólo persiguen un objetivo, el máximo rendimiento económico con la mínima inversión posible».

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Gran Canaria

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