Nov 15, 2012
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Canarias cierra su presupuesto más «duro y difícil» que se sitúa en 6.288 millones tras caer un 6,7%

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El Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el anteproyecto de ley del presupuesto de Canarias para 2013 que cae un 6,7 por ciento y se queda en 6.288,8 millones de euros, lo que supone un total de 450 millones menos que el ejercicio anterior pese a que los ingresos estatales alcanzan los 487 millones.

En rueda de prensa, el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha destacado que la «prioridad» de las cuentas autonómicas son «garantizar» la prestación de los servicios básicos, cuyas partidas representan el 70 por ciento del gasto total.

En esa línea, los ha descrito como los más «duros y difíciles» de la historia del archipiélago debido al «desplome», por segundo año consecutivo, de los fondos procedentes del Estado, que ha cifrado en torno al 40 por ciento, al tiempo que ha criticado la falta de «voluntad» del PP por mejorar el impacto de los PGE en el archipiélago.

Los principales objetivos de las cuentas autonómicas son mantener la titularidad pública de los hospitales, aumentar el número de plazas educativas, sostener la política de becas, incrementar las partidas para comedores y desayunos escolares, mantener las prestaciones sociales básicas y priorizar el mercado de trabajo local.

González Ortiz ha vuelto a insistir en el déficit de financiación que sufre Canarias ya que la prestación de los servicios básicos cuesta unos 1.000 millones más de los fondos que recibe del Estado, y ha reconocido que habrá disminución de programas y subvenciones para poder «apuntalar» la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Aparte de la caída de las transferencias estatales, el otro problema al que se enfrenta la Comunidad Autónoma, según el consejero, es que el endeudamiento se reduce del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) al 0,7 por ciento, lo que supone 320 millones menos.

La previsión económica del Ejecutivo para 2013 contempla un decrecimiento del 0,8 por ciento, una tasa de paro próxima al 34 por ciento y una inflación del 1,7 por ciento. Para salvaguardar los servicios, las transferencias a cabildos y ayuntamientos se incrementarán un 4,2 y un 0,5 por ciento.

El consejero cree que la situación de Canarias será «algo mejor» que la del resto del país pero no ha ocultado un contexto de «recesión» con problemas para acceder al crédito y enfriamiento del consumo.

BAJADA DE TRANSFERENCIAS

Para hacer frente al recorte del presupuesto, González Ortiz ha reconocido que el Ejecutivo canario adecuará su estructura al contexto económico actual, por lo que habrá una reducción de altos cargos y personal de confianza y una bajada de transferencias generalizada para el sector público, entre las que se incluyen las destinadas a la Policía Canaria y, especialmente, la Televisión Canaria, que será superior a la media.

Sobre su cierre, que el PP ha pedido de manera insistente, ha lamentado que no lo hagan en otras Comunidades Autónomas y le ha emplazado a «debatir» el recorte de la estructura de la Administración General del Estado en las islas.

La reestructuración del organigrama del Gobierno canario entrará en vigor el 1 de enero, y González Ortiz ha garantizado que no habrá «despidos masivos» en el sector público, si bien la masa salarial cae más de un 3 por ciento con respecto a la del año anterior. «Aquí ha habido muchas especulaciones equivocadas que han introducido mucha confesión entre el personal público», ha comentado.

DISCREPANCIAS EN EL GOBIERNO

Además, ha negado que haya discrepancias entre CC y PP a la hora perfilar la reorganización administrativa. «No hay debate interno, y quien lo diga miente», ha dicho.

Para compensar la bajada de ingresos procedente del Estado, el Gobierno de Canarias ha decidido hacer «ajustes» en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modifica el del tabaco y crea un nuevo gravamen sobre envases de bebidas no retornables.

González Ortiz ha aprovechado la comparecencia ante los medios de comunicación para aclarar que «en ningún momento» se ha barajado la subida del IRPF o el IGIC y la creación de una nueva tasa turística.

El Ejecutivo prevé recaudar unos 35 millones con el nuevo impuesto, que tiene finalidad medioambiental, y otros cinco con la modificación del resto de tributos. En general, ingresará 1.178 millones por impuestos directos, 1.406 millones por los indirectos y 202 en concepto de tasas.

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