Oct 25, 2012
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Hacienda recauda hasta septiembre 8.500 millones en lucha contra el fraude

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves que la Agencia Tributaria ha recaudado entre enero y septiembre casi 8.500 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal, superando así el objetivo para el conjunto del año, que se fijó en 8.171 millones de euros.

Rajoy, que se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con la cúpula de la Agencia Tributaria, encabezada por su directora, Beatriz Viana, ha destacado que este dato demuestra que los esfuerzos contra el fraude fiscal tienen “su fruto” gracias, entre otras cosas, a la aplicación del plan de control tributario aprobado por el Gobierno a principios de año.

Tras felicitar a la Agencia Tributaria y animar a sus trabajadores a que sigan trabajando en beneficio “único y exclusivo” del conjunto de los españoles, el jefe del Ejecutivo destacó que el Gobierno tiene la obligación de hacer del fraude fiscal “una práctica en desuso” porque es “de justicia” y el camino que acerca a España a su objetivo de crecer y crear empleo.

“Es nuestra responsabilidad cuidar de cada euro, administrarlo con inteligencia y con el respeto que se merece el sacrificio que esta riqueza cuesta generar. Este Gobierno tiene muy claro su mandato y no dudaremos en hacer todo lo que esté en nuestra mano para cumplir con ese compromiso”, reiteró.

A fin de garantizar el cumplimiento de estos fines, añadió Rajoy, es lógico que el Estado se dote de instrumentos disuasorios para evitar la evasión y el fraude fiscal, al tiempo que afirmó que el que no paga sus impuestos “no sólo deja de contribuir al fondo común, sino que hace uso de unos servicios que le están pagando el resto de los españoles”.

AMBICIOSA LEY ANTIFRAUDE.

En este sentido, recordó la ley antifraude fiscal, aprobada recientemente por el Gobierno y que está ahora en tramitación parlamentaria, y aseguró que junto a las nuevas herramientas recogidas en el código penal, se trata de la reforma legal contra el fraude fiscal “más ambiciosa” de la democracia.

“La experiencia demuestra que la economía sumergida perjudica incluso a quienes la practican porque merma la riqueza de todos. Velar por que estos comportamientos no ocurran no es sólo exigible desde un punto de vista legal, sino que es un acto de justicia social hacia la gran mayoría que sí paga sus impuestos y contribuye de este modo al beneficio común con su esfuerzo y sacrificio”, subrayó.

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