Oct 25, 2012
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El PP asegura que el Ayuntamiento de Santa Cruz no puede suspender las áreas del PGO acordadas en Pleno

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El Partido Popular ha anunciado que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ha confirmado que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tiene competencias para la aprobación definitiva parcial del Plan General, acordada en Pleno el pasado 20 de julio, mediante la cual el pacto de gobierno formado por CC y PSOE pretendió suspender determinadas áreas del ordenamiento urbanístico de la capital.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Cristina Tavío, ha dado a conocer hoy jueves en rueda de prensa una resolución del director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias del 18 de septiembre que así lo acredita, y en la que asegura que el expediente administrativo remitido a la Cotmac “ni siquiera reunía los requisitos legales para su tramitación”, según explicó la portavoz.

Cristina Tavío compareció junto a los concejales Ana Zurita y Alexis Oliva para mostrar su “seria preocupación” por las consecuencias jurídicas de este “grave revés” que el PP ya anunció en el Pleno y por el que decidió abstenerse.

La portavoz ha querido recordar que tras la paralización de la aprobación del PGO en junio de 2011, el PP “defendió en todo momento que el Plan General ya se encontraba aprobado por la Cotmac, y que el Ayuntamiento debía limitarse a subsanar los 45 reparos requeridos por su ponencia técnica, argumento que ahora respalda la resolución de la Consejería”.

Cristina Tavío responsabilizó directamente de lo sucedido al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, por “permitir al PSOE torcer su voluntad” y lamentó que el “inductor intelectual de este desastre y de paralizar la ciudad haya sido recompensado con la primera tenencia de alcaldía”.

FUERA DE ORDENACIÓN

En este mismo sentido se pronunció la responsable de Urbanismo del Grupo Municipal Popular, Ana Zurita, quien destacó que el tiempo “ha terminado poniendo las cosas en su sitio” y se ha demostrado que la suspensión de las áreas “no era la vía adecuada para resolver el conflicto del fuera de ordenación, pues “lo único que consigue es paralizarlo todo y volver al planeamiento de 1992, que fue precisamente el que generó esta situación”.

Según Zurita, “no estamos ante una subsanación de errores materiales sin importancia, sino ante una cuestión de fondo muy grave, la manifiesta ilegalidad de un acuerdo plenario que abre las puertas a nuevas reclamaciones y al bloqueo del planeamiento en los juzgados”.

“A pesar del capotazo que el director general de Ordenación del Territorio intenta echar en su escrito, al asegurar que el acuerdo plenario ha consistido en la toma de conocimiento de la subsanación de las deficiencias señaladas en la Ponencia Técnica”, Ana Zurita recordó que en realidad “el Pleno acordó ilegalmente las suspensiones y la aprobación definitiva parcial”.

Como prueba de ello aportó copia del testimonio elevado por la Comisión de Servicios Territoriales del Ayuntamiento al Pleno, que en su punto segundo acuerda “aprobar la suspensión de los siguientes ámbitos”.

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