Sep 27, 2012
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El Ejecutivo, dispuesto a frenar con la ley la consulta catalana

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La La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido hoy al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que el Gobierno puede recurrir por dos vías diferentes ante el TC la consulta independentista, después de dejar claro que el Ejecutivo tiene numerosos instrumentos jurídicos para frenar este tipo de decisiones y que, además, está dispuesto a utilizarlos. Sáenz de Santamaría respondía así al anuncio de Artur Mas, realizado durante el Debate de Política General en el Parlamento catalán, de que tiene intención de convocar una consulta soberanista aunque el Gobierno de la nación no lo autorice.

La Portavoz del Ejecutivo precisó que una de las posibilidades es volver a solicitar ante el TC la suspensión de los artículos de la Ley de Consultas populares catalana en el caso de que se incumpla la petición de autorización al Estado para llevar a cabo una consulta independentista.

Otra de las vías consistiría en recurrir directamente la inconstitucionalidad ante el TC de una decisión de la Generalitat que hubiera sido adoptada fuera del marco de sus competencias, como sería el caso de una consulta de estas características. La ventaja de esta segunda vía, precisó la vicepresidenta, es que «la suspensión de la convocatoria sería automática».

Santamaría abundó en la explicación de ambas opciones y, en el primer caso, señaló la resolución del TC sobre la Ley de Consultas catalana, e incluso leyó algunas partes de la decisión del Alto Tribunal. A este respecto, recordó que el Gobierno de la nación presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra diferentes preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010 de 17 de marzo de Consultas populares por vía de referéndum.

Y citó que el TC, en un auto de 9 de junio de 2011, levantó la suspensión de esa Ley al entender que: «la viabilidad de tales consultas depende directamente de la decisión que el Estado adopte al respecto en el ejercicio de la competencia de autorización que no está puesta en cuestión en el presente proceso constitucional».

DEBE PEDIR AUTORIZACION AL ESTADO PARA UN REFERENDUM

Según la Portavoz del Ejecutivo, esto quiere decir que el TC levantó la suspensión sobre la norma catalana, pero declaró «la necesidad de autorización del Estado» para realizar esta consulta «vía referéndum». Además, precisó, el TC añadió que «tal levantamiento de la suspensión de la Ley se realiza sin perjuicio de que dada la finalidad de preservar el interés general que concurre en la defensa de la Constitución y de sus contenidos, sea posible, en caso de acreditarse algún cambio en las circunstancias, que resulte relevante para modificar lo acordado, solicitar a este Tribunal la reconsideración de la resolución acordada en este incidente».

Lo que se traduce, según Santamaría, en que «si hubiera una utilización de la Ley catalana contraria a lo que dice este auto que levanta la suspensión, el Estado podría en primera vía de defensa solicitar al tribunal la suspensión de los preceptos de la Ley catalana y dejar sin efecto cualquier acto dictado en aplicación de la misma».

Pero también explicó otra de las vías que el Estado tiene para impedir la convocatoria de una consulta independentista. En este sentido, explicó que los actos que pueda adoptar la Generalitat fuera del marco de sus competencias para realizar un referéndum «serían directamente inconstitucionales, y por tanto, susceptibles de ser recurridos de forma autónoma ante el propio TC».

Esta segunda vía contaría con «una ventaja», que sería la suspensión automática de esa resolución en virtud del artículo 161.2 de la Constitución. Es decir, dijo, «que si se adoptara la decisión de convocar un referéndum de esa naturaleza inconstitucional, se va directamente ante el TC y exconstitución, directamente por vía constitucional, se suspende la convocatoria de esa decisión nada más con que lo pida el Gobierno».

EL GOBIERNO, DISPUESTO A USAR LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS

Antes de poner estos dos ejemplos de vías para frenar el referéndum de autodeterminación que anunció Artur Mas en el Debate de Política General que se ha celebrado en el Parlamento catalán, la vicepresidenta había dejado claro que «no sólo hay instrumentos jurídicos y judiciales para pararlos, sino que además hay un Gobierno, este Gobierno, que está dispuesto a usarlos».

Sáenz de Santamaría precisó también que una consulta de esta naturaleza sería un asunto que «afectaría al conjunto del pueblo español, es decir, al conjunto del censo electoral» por lo que habría que preguntar a «todos y cada uno de los españoles por cuanto somos todos a los que nos compete decidir sobre la organización territorial».

No quiso responder, sin embargo, al ser preguntada por la disposición adicional tercera del Estatut, que marca las inversiones que el Estado debe realizar en Cataluña de acuerdo con el peso del PIB catalán dentro del Estado. A este respecto, precisó que ya habrá tiempo de entrar en detalles.

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Nacional

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