Sep 20, 2012
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El Cabildo y la AMPUN colaboran en materia de protección ambiental

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La presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño, y el director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural (AMPUN), Emiliano Coello, han suscrito un convenio de adhesión que permitirá estrechar lazos de colaboración entre ambas instituciones. En el acto estuvieron presentes también el vicepresidente insular y responsable de Planificación, Anselmo Pestana, y el consejero de Medio Ambiente, Carlos González Mata.

Mediante este marco de colaboración, el Cabildo de La Palma delega en la APMUN las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad en materia de protección del medio ambiente y gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos, cuya gestión le hubiere sido atribuida, comprometiéndose a colaborar con los órganos y personal al servicio de la Agencia.

Con medios materiales, el Cabildo de La Palma pone a disposición de la APMUN dos Unidades dependientes funcionalmente de la Agencia y orgánicamente del Cabildo de La Palma. Una Unidad de Inspección, cuya composición será dos Agentes de Medio Ambiente, y una Unidad Administrativa de Atención al Público, integrada al menos por un Administrador y una oficina adscrita al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular, que albergará a las citadas unidades, que sirva de sede en la Isla de la APMUN.

La APMUN es un Órgano Público de naturaleza consorcial para el desarrollo común por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y las administraciones Insulares y municipales consorciadas de la actividad de inspección y sanción en materia medioambiental y de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como la asistencia a dichas administraciones en tales materias y el desempeño de cuantas otras les encomiende el propio Texto Refundido o le sean expresamente atribuidas.

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias y su plazo será de cuatro años desde su entrada en vigor, prorrogándose automáticamente por iguales periodos de tiempo, salvo denuncia expresa de algunas de las partes.

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La Palma

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